Vox se querella contra Aragonès, Vilagrà y Giró por el aval de 10 millones de euros a los líderes del 1-O en el TdC
En la querella se señala que los dirigentes de la Generalitat podrían haber cometido los delitos de malversación y prevaricación
El partido que lidera en Cataluña Ignacio Garriga, Vox, ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la querella anunciada la semana pasada contra Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia, y Jaume Giró, consejero de Economía y Hacienda, por la creación del fondo con 10 millones de euros para avalar a los 34 implicados por el 'procés' del 1-O a nivel internacional en el Tribunal de Cuentas y que tienen que afianza 5,4 millones de euros antes del 21 de julio.
En la querella, consultada por ABC, se indica que los tres responsables últimos del fondo, creado mediante un decreto-ley del Govern catalán, podrían haber cometido dos delitos, por un lado, el de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y, por otro, el de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal). El fondo gestionará 10 millones de euros que, de momento, han sido transferidos al Instituto Catalán de Finanzas.
Según Vox, el decreto-ley que permite la creación del fondo y, por lo tanto, el traspaso del dinero público está «diseñado a medida de los implicados en los gastos irregulares del 'procés'» y «supone además de un 'fraude de ley', una posible malversación de fondos públicos, ya que se pretende indisimuladamente avalar directa o indirectamente, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, las responsabilidades pecuniarias de una serie de cargos afines o directamente relacionados con el Govern».
Con este fondo (que recibe el nombre de Fondo Complementario de Riesgos) «se está generando un doble perjuicio para la Administración Autonómica de Cataluña, toda vez que no solo no recupera el dinero malversado por sus ex dirigentes, sino que además lo adelanta para que estos no vean afectado su patrimonio», defiende Vox en la querella, que deberá ser admitida a trámite para seguir su curso judicial.
La iniciativa de Vox se suma a la que el PSC, Cs y el PP pusieron en marcha (los socialistas por su cuenta, la semana pasada, y liberales y populares juntos, esta misma semana) mediante la petición de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para que evalúe la legalidad del decreto-ley aprobado por el Govern. La vía del CGE, sin embargo, no tiene necesariamente consecuencias prácticas, ya que sus dictámenes no son de obligado cumplimiento para la Generalitat.
