La oposición tumba el decreto-ley de Torra sobre la regulación de los alquileres de viviendas en Cataluña
JpC y ERC sufren su minoría parlamentaria y evidencian que el gobierno catalán no puede gobernar
Torra no puede gobernar. La oposición, incluida la CUP, ha tumbado este miércoles el decreto-ley del gobierno catalán que proponía (mediante modificaciones legislativas) regular el precio del alquiler de viviendas en Cataluña. Los grupos de JpC y ERC han vuelto a comprobar, hoy, que están en minoría y han evidenciado su debilidad parlamentaria.
Los votos de todos los grupos de la oposición han tumbado el decreto-ley que la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC), ha defendido sin éxito y al que a última hora ha intentado atraer a los comunes, a los que ha dedicado gran parte de su intervención en el pleno del Parlamento de Cataluña.
Capella, durante su intervención, ha rogado a los comunes que «se abstengan», para que se diera tramite al decreto-ley aprobado por el gobierno catalán el 21 de mayo pasado, y les ha animado a permitir su tramitación parlamentaria para incluir algunas de sus reivindicaciones en los siguientes trámites en la Cámara legislativa autonómica.
«Si el Parlamento tumba el decreto-ley quien aplaudirá con las orejas son los que apuestan por que el mercado se regule solo : el Banco de España, Fomento del Trabajo, el PSC, Cs, el PP…», ha señalado Capella antes de la votación para convencer a los diputados de Catalunya en Comú-Podem. Pero la consejera de Justicia no ha tenido éxito. Decreto-ley no aprobado: 69 votos en contra de la tramitación, 64 a favor de la norma.
Segovia (comunes): «Es una oportunidad perdida»
Susana Segovia (comunes), en su turno de intervención, ha recordado a la consejera que si quería aprobar un decreto-ley de este tipo tenía que haber «trabajado» antes con las entidades afectadas, y ha citado a la PAH y las asociaciones de vecinos.
Además, Segovia ha criticado que se tenga como referencia el índice de precios de la vivienda y que se copie el ejemplo normativo de Berlín (Alemania), sin modificar sus errores ni adaptarlo a Cataluña. «El decreto pudo haber sido una oportunidad, pero es un tiro la pie. Es una oportunidad perdida» , ha añadido la portavoz de los comunes.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios han criticado diferentes aspectos de la propuesta del decreto-ley, pero sobre todo han destacado que, desde su punto de vista, el decreto-ley es una medida electoral y superar las competencias de la Generalitat.
Manuel Rodríguez (Cs) ha dicho que lo que quería el gobierno catalán era «hacer una regulación (del alquiler) aparte, cuando saben que la competencia es del Estado» y les ha criticado: «Son capaces de todo con tal de conseguir un titular».
También Rosa Maria Ibarra (PSC) ha recordado que el decreto-ley se aprobó «para ganar un titular» en la prensa, pues, ha recordado, la medida «se aprobó la misma semana de las elecciones municipales» del pasado 26 de mayo. Y ha añadido que la norma «supone una regulación que supera nuestro ámbito competencial».
Maria Sirvent (CUP) ha criticado las formas del gobierno catalán y el fondo del decreto-ley. La portavoz de la CUP ha lamentado que la norma solo se haya consensuado con los administradores de fincas y no con «los afectados» (inquilinos y ciudadanos que buscan piso de alquiler) y ha recordado que no es buena decisión copiar el modelo de Berlín, porque en la ciudad alemana hay un 31 por ciento de vivienda pública en situación de alquiler, mientras que en Cataluña, ha dicho Sirvent, no llega al 2 por ciento.
Por parte del PP, Esperanza García ha lamentado que el gobierno catalán no ha hecho «política de vivienda pública» desde 2007, fecha en la que se fijó por una ley autonómica que la vivienda pública en Cataluña llegaría hasta el 15 por ciento. Jordi Orobitg (ERC) y Xavier Campdepadrós (JpC) han defendido el decreto-ley.
Una norma fuera de la ley
El decreto-ley establecía «áreas de viviendas densas» en la región a petición de los ayuntamientos para fijar un tope en los precios de los alquileres de viviendas en esas zonas: no superar el 10 por ciento del índice de precios de referencia. Una medida que en el caso de Barcelona podría ampliarse a toda la ciudad.
A todo esto cabe recordar que el pasado 17 de junio, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) emitió su dictamen, no vinculante y ha petición de Cs y del PSC, sobre el decreto-ley en cuestión advirtiendo de que la intención del mismo supera en varios puntos nucleares del texto artículos de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
Según los datos aportados por Capella durante el debate parlamentario de este miércoles, el precio medio del alquiler de la vivienda en Cataluña ha crecido un 29 por ciento y ya «ha superado los precios previos a la crisis». El precio medio del metro cuadrado en Barcelona está en los 949 euros, un 39 por ciento más que hace solo cinco años.
