Por la gracia de Borràs

Cuando Laura Borràs tomó posesión como presidenta del Parlament se comprometió a blindar el Parlament de las «injerencias» (sic) del Estado. Resulta inquietante que toda una presidenta del Parlament olvide uno de los principios rectores del Estatuto, según el cual la Generalitat es Estado en Cataluña. No tiene sentido contraponer el Parlament -que es una de las instituciones que conforman la Generalitat- con el Estado del que es parte integral, ni mucho menos hablar de injerencias ilegítimas.

Soslaya Borràs que el Parlament es una institución del Estado, sometida como el resto de los poderes públicos -exactamente igual que el Congreso, el Senado, el Govern o el Gobierno de España- al principio de legalidad y al control jurisdiccional de sus actos, control que está en la base de nuestra democracia constitucional, imprescindible para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político.

Borràs, acuciada por sus problemas con la Justicia por presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude, se empeña ahora en blindar frente a la Justicia al diputado de la CUP y miembro de la Mesa, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por el TSJC por un delito de desobediencia. La sentencia del TSJC y la subsiguiente resolución de la Junta Electoral Central son inequívocas: Juvillà debe abandonar inmediatamente su acta, pero Borràs, autoerigida extemporáneamente en una suerte de 'Reina Sol' casera, ha decidido que su voluntad está por encima de la ley democrática y de las resoluciones judiciales.

Explica Tocqueville que el poder concedido a los tribunales norteamericanos para juzgar la adecuación a la Constitución de los actos parlamentarios constituye «una de las más poderosas barreras que se hayan levantado nunca contra la tiranía de las asambleas políticas». De hecho, considera que, al poner en manos del Poder Judicial la salvaguarda de las instituciones democráticas, la democracia estadounidense no solo resolvía el problema del equilibrio entre poderes y la primacía de la Constitución sobre las demás leyes, sino que, precisamente, el Poder Judicial se convertía en el máximo garante de los derechos y libertades individuales, pilares del Estado democrático de Derecho.

«Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín». La leyenda atribuye la frase al rey de Prusia Federico II. Molesto porque un molino situado cerca de su palacio le estropeaba las vistas, el rey envió a un emisario para que lo comprara por el doble de su valor, para después echarlo abajo. El molinero declinó el ofrecimiento. El rey insistió doblando la oferta, pero el molinero no dio su brazo a torcer. Entonces, Federico II le conminó a aceptar la oferta bajo la amenaza de un decreto de expropiación sin ninguna compensación. Poco antes de agotarse el plazo dado, el molinero se presentó ante el rey, que estaba convencido de que su súbdito habría recapacitado y comprendido la magnanimidad de su ofrecimiento. Sin embargo, el molinero sorprendió al rey entregándole una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino sin otra motivación que su satisfacción personal. Tras leer la resolución, y cuando todo el mundo esperaba que montara en cólera, el rey miró al molinero y exclamó satisfecho: «Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín».

La actitud de Borràs está en las antípodas de la reflexión de Federico el Grande, pues parece evidente que ella lamenta comprobar que todavía hay jueces en Cataluña. Otros, por el contrario, no queremos ni imaginar lo que sería de nosotros, los catalanes constitucionalistas, de no ser por la firmeza de jueces y tribunales en la protección de nuestros derechos y libertades.