Montoro ordena anular las tarjetas de crédito de Puigdemont y le da diez días para cobrar una pensión
Dos instrucciones del Ministerio de Hacienda decretan cerrar «mails», móviles y tarjetas de crédito de los cesados
El ministro también ordena cerrar las cuentas oficiales de Instagram y Twitter de Puigdemont y los exconsejeros
Montoro da un plazo de varios días a Puigdemont para que reconozca, o no, su condición de expresidente autonómico
El expresidente autonómico Carles Puigdemont tiene diez días de plazo para acogerse a los beneficios legales que, como expresidente de la Generalitat de Cataluña, puede obtener en base a la ley que regula el estatus de los exmandatarios catalanes.
El ultimátum figura en una instrucción del Ministerio de Hacienda y Función Pública, firmada por el propio ministro Cristóbal Montoro, fechada el pasado 16 de noviembre, en sustitución del consejero de Economía y Hacienda y en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En la instrucción, Montoro reclama a la Consejería que le remita las «solicitudes recibidas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Genealitat» y su «estado de tramitación». De esta manera, Puigdemont tiene de plazo hasta final de este mes para reclamar una asignación mensual durante cuatro años del 80 por ciento de su sueldo y que la Generalitat mantenga el coste de su oficina.
Sin embargo, si Puigdemont acepta y se ampara en esta norma, para recibir este tipo de beneficios, estaría dando por válido que ya no es presidente de la Generalitat y daría por buena la realidad, en contra de los mensajes que, desde Bélgica, envía a la ciudadanía asegurando que sigue siendo el «presidente legítimo».
Anular los gastos de los cesados
En la misma instrucción, Montoro también pide que le sea remitida una lista con los altos cargos y personal eventual cesados y sus condiciones laborales, por si guardan posibilidad de reincorporarse a un puesto público –en su caso– o tienen derecho a algún tipo de indemnización.
Además, el ministro reclama un «informe detallado sobre su situación patrimonial» actual de los entes en liquidación, como Diplocat y el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN).
En esta misma línea, en otra instrucción ministerial, se ordena a la Consejería que se informe sobre el control de los gastos del personal cesado, y se concreta anular sus «mails», móviles, tarjetas de crédito y otros gastos. Y se decreta el cierre de las cuentas oficiales de Instagram y Twitter del presidente de la Generalitat, sus consejeros y el personal afectado por los ceses.
Entre los objetivos de estas instrucciones está el de impedir que los cesados puedan recibir alguna dieta o servicio derivados de un cargo que ya no ejercen.
