Desjudicializar

El independentismo catalán y la izquierda gobernante -con la colaboración de la prensa amiga y la denominada intelectualidad crítica- impulsan una campaña pro desjudicialización de la política. O sea, pro desjudicialización del procés. ¿Acaso la Justicia ha de cerrar los ojos, taparse los oídos y callar ante las reiteradas ilegalidades del secesionismo catalán? ¿Fue un error procesar y condenar a quienes incurrieron en delito de sedición y malversación?

Llama la atención los argumentos esgrimidos. Se aduce que, por culpa de la prisión preventiva, justificada con «razonamientos un tanto forzados sobre el riesgo de fuga y desórdenes callejeros», el Poder Judicial «interfirió gravemente en el ejercicio de la democracia representativa». Por eso, hay que desjudicializar la política. Veamos. ¿Razonamientos «un tanto forzados» sobre el riesgo de fuga? Pero, ¿dónde están Carles Puigdemont, Toni Comín o Clara Ponsatí? Y, ¿qué decir del razonamiento «un tanto forzado» de los desórdenes callejeros? Solo cabe recordar la Barcelona incendiada de octubre. ¿La democracia -Justicia incluida-, ante los ataques a la legalidad, ha de cruzar los brazos por obra y gracia de una desjudicialización impulsada por la política? ¿Dónde queda la división de poderes? Quien ha judicializado la política es el procés con su incumplimiento sistemático y reiterado de la ley y la Constitución. ¿Quizá la desjudicialización no indulta de antemano a quien transgrede la legalidad? ¿Quizá no legitima a quienes dinamitaron la legalidad democrática? ¿Quizá no invita a «volverlo a hacer»? ¿La desjudicialización forma parte del pacto PSOE/ERC? Sí. ¿Qué consecuencias tendrá la desjudicialización de la política sobre el suplicatorio de Carles Puigdemont, el grado penitenciario asignado a los políticos presos, la instrucción del proceso contra los CDR o el juicio pendiente del Juzgado 13 de Barcelona y el de Josep Lluís Trapero? La desjudicialización de la política puede conducir a la politización de la Justicia.