Junts pel Sí ofrece a la CUP un «presidente de transición» y un plan social de 270 millones de euros

Acuerdo interino. Los equipos necgociadores de Junts pel Sí y la CUP han cerrados este mediodía e l preacuerdo programático que el próximo domingo la asamblea de militantes del partido antisistema deberá validar. Como se ha explicado, el acuerdo contiene un plan de choque social y un giro a la izquierda de un hipotético programa de gobierno de la Generalitat, aunque no define la que es la verdadera clave, la investidura o no de Artur Mas .

De hecho, el cabeza de lista de Junts Pel Sí, Raül Romeva, ha apuntado que se trata de un documento basado en el programa de Junts Pel Sí y que se ha «trabajado» junto a la CUP, pero no acordado con la formación antisistema. De este modo, y cerrado el plan social, la suerte de Mas queda a expensas de lo que decida la militancia de la CUP en la asamblea del próximo domingo en Gerona.

La apuesta de Junts Pel Sí pasa por hacer presidente a Artur Mas, aunque Romeva ha subrayado hoy que se trataría de una «presidencia de transición» para los 18 meses que los independentistas prevén que dure la legislatura. Esta propuesta se acompaña, como ya se explicó en noviembre, de una suerte de presidencia colegiada junto a Oriol Junqueras, Neus Munté y el propio Romeva.

Allí, los anticapitalistas votarán cuatro fórmulas: sí al plan de choque social y sí a Mas; sí al plan social y no a Mas; no al plan social y no a Mas, pero apurando la negociación hasta el día 9; y finalmente, no cerrado, y sugerencia de que Junts pel Sí busque nuevos aliados.

Romeva también ha recalcado que no hay cambio en cuanto al candidato a la presidencia de la Generalitat, que sigue siendo Artur Mas, y ha indicado que el documento también incluye un proceso constituyente hacia una República catalana que se debe hacer, ha dicho, con «seguridad jurídica», además de un plan de choque social contra pobreza y desahucios.

En concreto, la propuesta de Junts Pel Sí incluye un paquete de medidas sociales con una dotación de 270 millones de euros y puntos concretos como la paralización del proyecto de BCNWorld o la suspensión de privatizaciones en sanidad.