Junts Pel Sí ofrece a la CUP un plan social que llevaría al límite las finanzas de la Generalitat

La CUP reclamaba un plan de choque, una prueba de que el discurso social de Junts Pel Sí -o, mejor dicho, de la parte de CDC que integra la coalición- iba en serio, y J unts Pel Sí ha presentado al partido antisistema un documento con veinte propuestas que, según reconocen desde ambos sectores, pondrían a prueba las maltrechas finanzas de la Generalitat.

«Estamos en el límite de tensionar al máximo las finanzas de la Generalitat. Pero la independencia tiene como finalidad más prioritaria ayudar a la gente que lo pasa peor», ha reconocido el diputado de Junts Pel Sï y representante del partido en la negociación, Toni Comin, en una entrevista en TV3.

De hecho, de las veinte propuestas que ha presentado sólo tres se podrían aplicar con carácter de urgencia, con los presupuestos prorrogados: la cobertura en la alimentación para los menores, la aplicación de la ley contra la pobreza energética, y la aplicación de la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda.

El resto de medidas, sin embargo, o bien necesitarían de un nuevo Govern -y, por tanto, de nuevos presupuestos- que las aprobase o, directamente, de que Cataluña rompiese definitivamente con el Estado. Entre las primeras figuran propuestas como la reducción de las listas de espera, la contratación de más profesores o garantizar la prestación de dependencia.

Las propuestas más llamativas, sin embargo, solo son factibles en un escenario de independencia, ya que afectan a competencias estatales o son manifiestamente inconstitucionales Se trata de medidas como probar e instaurar la dación en pago, acelerar la creación de un banco público o fijar un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros.

Para la CUP, el documento de JxS «está bien porque es un primer ejercicio de concreción», aunque para la CUP sólo puede ser considerado «un punto de partida» porque como plan de choque social es aún «muy incompleto» e incluye medidas que sólo podrían ser aplicadas si se constituyese una «república catalana».