El juez de la operación Voloh investiga si el Ministerio de Industria hizo trato de favor a una empresa japonesa
Un «empleado del Banco Santander» le explicó a David Madí la operación empresarial para saltarse «la cola» de peticiones
La operación Voloh que se desarrolla bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y que investiga, entre otros asuntos, la posible financiación irregular del «procés» independentista catalán podría salpicar también al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto. De momento, el juez instructor ha pedido documentación al Ministerio para saber si este departamento favoreció una operación empresarial con un caso de trato de favor.
En una providencia firmada el pasado 27 de octubre, que se incluye en el sumario del caso Voloh al que ha tenido acceso ABC, el juez instructor Joaquín Aguirre requiere al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que entregue «de forma inmediata» la documentación relativa a la venta del 24,9 por ciento del capital de la empresa de automoción Bergé a la japonesa Mitsubishi.
La investigación en este asunto concreto se centra en un posible trato de favor desde el departamento ministerial de Maroto y consistiría en haber hecho «malabarismos» en el Ministerio para conseguir el permiso de la operación entre Misubishi y Bergé. Este presunto caso de trato de favor quedaría revelado en una conversación entre David Madí y el «empleado del Banco Santander» Antonio Bernárdez, realizada el pasado 18 de abril, según recogen unas diligencias de la Guardia Civil.
En esta conversación, Bernárdez le explica a Madí que la venta del capital de Bergé a la empresa de origen japonés «ha sido una operación muy difícil desde el punto de vista organizativo» porque el Gobierno ha aprobado una ley para evitar que, durante la pandemia, las empresas españolas vendan su capital a empresas extranjeras de fuera de la Unión Europea. Operaciones que, en cualquier caso, necesitan del visto bueno del Consejo de Ministros, que «las miran con lupa, porque tienen mucho miedo que los fondos buitres entren en empresas cotizadas y no cotizadas».
Así, según Bernárdez y recoge la transcripción de la Guardia Civil, «la cola que había en el Consejo de Ministros para este tipo de autorizaciones era enorme... enorme. Para saltarse la cola ha habido que hacer malabarismos y sobre todo ha habido que hacerlo, a niveles subalternos, aunque con el conocimiento de la ministra (Maroto)». Y añade: «Una de las cosas que ellos pidieron, que no se publicara porque claro, tenían pánico que se enteraran los de la cola, y entonces hasta que no pase un tiempo prudencial, hasta que no pase el estado (de alarma), no se va a publicar absolutamente nada».
Madí le pide la confirmación sobre si, entonces, la operación es «absoluto secreto», a lo que Bernárdez le confirma que sí y que «los últimos momentos fueron muy duros, porque llegar al Ministerio explicar no-sé-qué y que la ministra mirara un poco para el otro lado y que el que firmara fuera su secretario y que su secretario pidiera de rodillas que 'ni una palabra, ni una palabra'». La Guardia Civil considera que el »secretario« al que se refiere Bernárdez podría ser Juan Ignacio Díaz Bidart, director del Gabinete de la ministra Maroto.
Para conocer el detalle de la operación, el juez instructor ha solicitado al Ministerio el «expediente relacionado a la concesión de la autorización administrativa relativa a la ampliación de capital de la empresa Bergé por parte de Mitsubishi Corporation», así como el listado de peticiones al Consejo de Ministros «relativas a las inversiones extranjeras durante el periodo del estado de alarma» y las «autorizaciones concedidas». Para la Guardia Civil, de confirmarse este trato de favor, se podría haber incurrido en los delitos contra la administración de tráfico de influencias y prevaricación.
