Daniel Tercero - DAZIBAO
Instituciones de autogobierno
«Los que no saben gestionar el autogobierno de Cataluña se atrevan a augurar que si obtienen la autodeterminación externa -aunque no se cumplan los requisitos-, hagan mejor gestión de la que figura en su hoja de servicios»
Hoy hace 1114 días que Carles Puigdemont fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña sustituyendo, in extremis, a Artur Mas. Quim Torra, que a su vez sucedió a Puigdemont, cumple, también este lunes, 259 días desde que está al frente del gobierno catalán. Tanto Puigdemont como Torra no fueron elegidos por los ciudadanos de Cataluña para tal tarea, pero sí, obviamente, consiguieron el respaldo de la mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña después de ser designados a dedo por sus antecesores.
Aunque normalmente se asimila el concepto de Generalitat solo al de gobierno autonómico catalán, en realidad, la Generalitat está «integrada» (artículo 2 del Estatuto de Autonomía) por «el Parlamento, la Presidencia de la Generalitat, el Gobierno», así como por «las demás instituciones» que figuran en el Estatuto (capítulo V del título II): el Consejo de Garantías Estatutarias, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo del Audiovisual de Cataluña. Todas, «instituciones» de la Generalitat.
En este sentido, el autogobierno catalán -autodeterminación interna, que nada tiene que ver con la autodeterminación externa- se basa en ejercer las competencias en aquellos ámbitos, y a través de las instituciones establecidas para ello, para los que se tiene la regulación legal correspondiente. Es decir, el autogobierno no se basa, exclusivamente, en tener un gobierno y un parlamento autonómicos, y tampoco en no respetar la autonomía del resto de instituciones u organismos autónomos. Un respeto que no puede pasar por menos que cumplir sus funciones, aceptar sus competencias y blindar la forma de su renovación.
En román paladino. Defender el autogobierno de Cataluña significa demostrar con hechos que existe aprecio por las instituciones y los organismos que se desarrollan gracias a ejercer este autogobierno. También lo es permitir que los miembros de estos organismos renueven sus mandatos o sean sustituidos en función de los equilibrios parlamentarios surgidos de las urnas. No parece que esta línea de trabajo fuera la que guiase a Puigdemont. Ni a Torra.
Prórrogas
Cuatro de las cinco «instituciones» estatutarias -al margen del Parlamento, el presidente y el gobierno autonómicos- están pendientes de renovación. El Consejo de Garantías Estatutarias mantiene a cinco de sus seis miembros en prórroga, estando incluso uno de los expertos juristas que lo forman en desfase desde... 2015. Este Consejo es el que vela -sus decisiones no son vinculantes- por la correcta adecuación de las normas legales de rango autonómico, así como el encargado de dar su opinión respecto a otras normas a petición del gobierno catalán. El Consejo del Audiovisual de Cataluña tiene a tres de sus seis consejeros caducados, incluída la presidencia. Alguno está en prórroga desde 2016. Este organismo tiene competencia para las licencias del espacio radiofónico catalán y capacidad de sanción para los medios audiovisuales de Cataluña, principalmente. Además, atiende las quejas que los usuarios envían en relación a la mala praxis, sobre todo, en televisión y radio. La Sindicatura de Cuentas mantiene a cuatro de sus siete síndicos de salida, pero sin acabar de coger la puerta. Alguno está en prórroga desde 2017. Por su parte, el Síndic de Greuges finaliza mandato este año, en 2019.
Hay más. La Generalitat no solo considera «instituciones» a estas cinco entidades autónomas. Otras, que no figuran en el Estatuto, también forman parte del cuerpo de autogobierno. Es el caso de la perita en dulce que controla TV3 y Catalunya Ràdio, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Todos los miembros del Consejo de Dirección, seis, y por lo tanto, también la presidencia, están en falso. Algunos de estos están prorrogando sus funciones desde 2015. Situación similar viven los asesores que forman parte del Consejo Asesor de Contenidos y de Programación de la CCMA. Existen 16 asesores. Todos han superado el plazo legal para ejercer su cargo. Desde 2016, algunos.
Cinco organismos pendientes de renovar
Están pendiente de renovación la dirección de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (desde 2017); los siete miembros de la Comisión de Control de las Consultas Populares no Refrendarias (2017); cinco de los siete miembros del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (algunos desde 2014); tres de los cinco miembros de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Museos (alguno desde 2015); los dos miembros del Consejo de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (2017); todos los miembros de los Consejos Sociales de las universidades Rovira i Virgili, Autónoma de Barcelona, Barcelona, Pompeu Fabra, Lérida, Politécnica de Cataluña y Gerona; tres de los cinco miembros de la Comisión de Garantía de Derecho de Acceso a la Información Pública (desde 2017); los cinco miembros del Consejo Superior de Cooperación (2016); los tres miembros del Consejo Asesor de Protección de Datos de Cataluña (2017); los seis miembros del Consejo Asesor del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (2016); los seis miembros del Consejo Asesor del Instituto Catalán de Finanzas (2017); cuatro de los siete miembros del Consejo Catalán de Fomento de la Paz; y dos de los doce miembros del rimbombante Consejo Asesor del Síndic de Greuges para la Prevención de la Tortura y de otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, este gobierno de Torra y el anterior, de Puigdemont, no solo no han impulsado la renovación de estos organismos -que cada uno de ellos debe contar con su correspondiente votación parlamentaria- sino que tampoco han nombrado a los miembros de organismos de nueva creación. Por ahí deambulan las presidencias del Consejo Fiscal y de la Agencia Catalana de Protección Social; el pleno del Consejo Fiscal de Cataluña; el órgano colegiado referido en la ley aprobada en 2014 sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y el Comité de Expertos sobre el Cambio Climático.
Cuesta creer que los que no saben gestionar el autogobierno de Cataluña, es decir, la autodeterminación interna, se atrevan a augurar que si obtienen el reconocimiento de un derecho, como el de la autodeterminación externa -aunque no se cumplan los requisitos-, hagan mejor gestión de la que figura en su hoja de servicios.
