Independentistas y comunes quieren aplicar sanciones para censurar discursos ideológicos en el Parlament

Los grupos independentistas y los comunes en el Parlamento de Cataluña quieren reformar el Reglamento de la Cámara autonómica para limitar ideológicamente los discursos hasta el punto de poder aplicar sanciones. La idea figura en la propuesta de resolución registrada hoy por ERC, Junts, la CUP y ECP en el marco de evitar que Vox tenga un senador de designación autonómica tal y como le corresponde tras las elecciones del pasado 14 de febrero.

Aunque en el texto de la propuesta de resolución no se cita a Vox, los tres grupos independentistas, los comunes y el PSC -que está valorando dar su apoyo a la iniciativa- firmaron un documento al inicio de la legislatura por el que se comprometían a crear un 'cordón sanitario' al partido que lidera en Cataluña Ignacio Garriga. En ese contexto, independentistas y comunes han dado a conocer este jueves la propuesta de resolución para que el Parlament se reafirme como «un espacio libre del discurso de odio».

Entre las medidas que figuran en el texto, los cuatro grupos proponen reformar el Reglamento para que se garantice un «blindaje ante los discursos de odio y la discriminación», reforzando «el compromiso contra la discriminación y el acoso con sanciones en caso de no firmarlo». Además, quieren modificar el requisito para la aprobación de declaraciones institucionales, que ahora es por unanimidad, para dejarlo en «una mayoría cualificada».

Estas modificaciones reglamentarias, presentadas para limitar la acción de Vox, supondrían, por un lado, el recorte de la pluralidad parlamentaria en el discurso y, por el otro, la utilización de las declaraciones institucionales por parte del independentismo, que tiene la mayoría de escaños pero no la unanimidad necesaria para aprobar este tipo de iniciativas que vinculan a la totalidad del Parlamento catalán.

Esta sería la segunda iniciativa relevante contra Vox, tras la de enviar a los once diputados y todo el equipo técnico del partido de Garriga al desván del edificio del Palacio del Parlament, otorgándoles menos despachos y metros cuadrados que a otros grupos con menor representación tras el 14-F. Esta decisión la acordó la Mesa con el visto bueno del PSC alegando el acuerdo contra «la extrema derecha» o «pacto antifascista» suscrito por los cinco grupos. Cs y PP no lo firmaron.

Sin embargo, este pacto parece frágil. Hoy, independentistas y comunes han pedido, en la línea de la propuesta de resolución, que se impida a Vox tener el senador por designación autonómica que le corresponde en base al resultado electoral del 14-F. Una medida que el PSC no suscribe, al considerar que eso sería saltarse la ley, pues la normativa establece que la designación de los senadores autonómicos debe ser proporcional al resultado de las urnas. Vox obtuvo el cuarto puesto con once escaños y le corresponde un senador.