La Generalitat trata de evitar que el TSJC responsabilice al consejero Gonzàlez-Cambray por la sentencia del 25%

La Generalitat de Cataluña trata de evitar que la Justicia actúe contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ante una posible penalización por no cumplir con la sentencia que obliga a la administración de enseñanza a aplicar el 25% de las asignaturas en español en todos los centros la comunidad. Así se desprende de las alegaciones presentadas por los abogados de la Generalitat en la respuesta a la petición de ejecución forzosa de la sentencia a petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)

Según figura en el texto de las alegaciones, consultado por ABC, la Generalitat señala a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la misma que dictó la sentencia en 2020 y ahora tramita las peticiones de ejecución, que la responsabilidad de llevar a cabo las medidas necesarias para que en todo el sistema educativo se aplique el bilingüismo no es del consejero de Educación ni de su departamento. Una posición que choca con el acuse de recibo de febrero de este año, cuando la Consejería comunicó al TSJC que era este departamento «el órgano responsable del cumplimiento de la citada sentencia».

Los letrados de la administración autonómica defienden que cuando el TSJC se refiere, en la sentencia de diciembre de 2020 y ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, a la Generalitat y que esta administración debe aplicar las medidas necesarias para cumplir la decisión judicial del 25% no se refiere a la Consejería de Educación y, ni tan solo, al Govern catalán, pues el concepto de Generalitat incluye también al Parlamento de Cataluña. Algo poco habitual para una ejecución de sentencia en un proceso contencioso-administrativo, pues estos procesos no son los que se tramitan para una decisión parlamentaria.

Con esta estratagema de defensa, Gonzàlez-Cambray y el Govern intentan evitar que el TSJC pueda actuar contra ellos y alegan, por un lado, que el Parlamento autonómico ha iniciado el trámite para cambiar la Ley de Política Lingüística, iniciativa congelada por la Mesa, y por otro, que el Govern tiene previsto aprobar un decreto que desarrolle el régimen lingüístico del sistema educativo. Medidas, en cualquier caso, que no pueden contradecir la aplicación del bilingüismo, al menos en una proporción del 25% para cada lengua oficial, según la doctrina del Tribunal Constitucional.

Además, en las alegaciones, la Generalitat defiende que la AEB no está legitimada para actuar en el proceso de la ejecución de la sentencia del 25%, al indicar que no ha formado parte del proceso judicial, iniciado por el Ministerio de Educación; y que, en todo caso, la AEB no puede determinar las medidas que debe adoptar la administración, en este caso concreto, una instrucción del departamento de Educación o una circular del consejero Gonzàlez-Cambray, como propone, a modo de sugerencia, la entidad que preside Ana Losada.

Estas son las primeras alegaciones (hay cuatro peticiones) que la Generalitat presenta ante el TSJC en el caso de la ejecución de la sentencia que debe reformar todo el sistema lingüístico en las escuelas de Cataluña, para que la Consejería de Educación aparque la inmersión lingüística exclusivamente en catalán, modelo declarado ilegal en su aplicación, y ponga en marcha el modelo de conjunción o bilingüismo, en el que las lenguas oficiales comparten espacio en las aulas, cuya proporción, sin quedar reducidas a menos del 25%, deben determinar la Generalitat y los propios centros escolares.