La Generalitat premia al exjuez Salinas Molina, partidario de la «independencia» de los tribunales catalanes respecto a los nacionales
El galardón Premio Justicia 2019 es la más alta distinción de la Generalitat «en materia de Justicia»
El gobierno catalán ha distinguido con el Premio Justicia 2019 al exmagistrado del Tribunal Supremo Fernando Salinas Molina, quien se distinguió, entre otras cosas, por defender la «independencia» de los tribunales autonómicos respecto a los nacionales y que las lenguas regionales fueran requisitos para los jueces en las comunidades bilingües.
En su reunión de este martes, el gobierno de Quim Torra, según ha informado la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha aprobado premiar a Salinas Molina con la más alta distinción de la Generalitat «en materia de Justicia» por su «trayectoria profesional».
Salinas Molina, que ingresó en la carrera judicial en 1973, fue magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo entre 1996 y marzo de 2019. Antes ejerció en San Feliu de Llobregat (Barcelona) y Barcelona, y entre 1992 y 1996 fue magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Además, entre 2001 y 2008 fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, y en su currículo profesional figura su participación en la elaboración de distintos anteproyectos de ley sobre el procedimiento laboral y el enjuiciamiento civil. Se le consideró un magistrado progresista.
Sin embargo, Salinas Molina también se caracterizó por defender posiciones a favor de que los tribunales superiores de justicia de las regiones fueran las últimas instancias judiciales y dejar al Supremo como un órgano cuya única función sería la de unificar doctrina. En 2004, el ahora exmagistrado premiado por la Generalitat protagonizó una gran polémica por esta posición que supondría la “independencia” de la Justicia catalana.
Solo dos años después, esta teoría jurídica fue la que se aprobó en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en contra de gran parte de la judicatura y que fue, finalmente, anulada por completo por el Tribunal Constitucional en 2010, al considerarlo ilegal con las normas nacionales.
Salinas Molina también se ha manifestado, en varias ocasiones, a favor de que los jueces tengan conocimiento obligatorio de las lenguas regionales para poder ejercer en las comunidades bilingües, y se opuso a que este requisito sea meritorio pero no imprescindible, una obligación que convertiría la Justicia, en España, en estancos lingüísticos.
