La Generalitat pagará la defensa jurídica de los directores que no cumplan con el 25%

El catalán y la defensa del modelo de inmersión lingüística van a convertirse en el eje político de la acción del Govern en adelante. Ayer, en la primera reunión de 2022, la Generalitat aprobó un acuerdo para defender el catalán en los centros educativos ante lo que definió como «ataques ilegítimos» a los centros y al idioma.

Con esta aprobación, el Govern se compromete a proteger el catalán y las escuelas «a todos los niveles y por todas las vías» y promete protección jurídica para los docentes y equipos directivos a los que se les exijan responsabilidades, ya sea por la vía política, penal o administrativa. En la práctica, y según detalló el mismo ejecutivo, se contempla en caso necesario poner a disposición de los afectados los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Administración de la Generalitat, una medida especialmente dirigida a los directores de centros. Tal y como se ha señalado, y en una situación denunciada por parte del independentismo, que exige a la Generalitat mayor implicación y menos retórica declarativa, la responsabilidad ante el posible incumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a todo el sistema a impartir al menos el 25% de las materias troncales en castellano recae sobre la dirección de los centros.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, puntualizó que esta acción del Ejecutivo catalán busca «materializar con formato institucional lo que ya es una prioridad de este gobierno», una forma también de reconocer que desde el punto de vista legal poco más puede hacer la administración autonómica, trasladando la responsabilidad de no acatar la sentencia a los docentes .

Según se aseguró, el acuerdo prevé blindar el catalán, las escuelas y su cohesión social «a todos niveles y por todas las vías institucionales, políticas y jurídicas que tenga a sus disposición», según detalló el Govern. Además, también se prevé pedir responsabilidades por la vía que haga falta a las personas o entidades que pretendan «interferir» en el modelo lingüístico con «amenazas o coacciones» a personas o colectivos por defender o usar el catalán. En declaraciones a ABC, la portavoz de la asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) Ana Losada, denunció que «la Generalitat comienza el año informando a directores y profesores que van a incumplir la ley , pero que tienen garantizado un abogado gratuito, pagado con los impuestos de todos los catalanes». En está línea, Losada insistió en que el Govern «vuelve a mentir cuando considera un ataque al catalán solicitar el cumplimiento de una sentencia que garantiza la igualdad de derechos lingüísticos ». En los próximos días, la plataforma Escuela de Todos, creada para garantizar el cumplimiento de la sentencia del 25% y en la que se integra la AEB, se reunirá con los partidos constitucionalistas. Asimismo, ayer dirigió una carta al 'president' Pere Aragonés y al consejero de Educación, Josep González -Cambray, en la que muestra su disponibilidad a participar en la aplicación de la sentencia de manera propositiva.

En paralelo, y en relación con la orden del Govern, Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, apuntó que «se trata de un acuerdo nulo de pleno derecho» y que pretende «la imposición totalitaria de la inmersión en contra de las resoluciones judiciales». La entidad valora recurrir ante la Justicia la normativa en cuanto se publique su texto íntegro, sin descartar interponer una querella criminal contra los responsables de la Generalidad en caso de que llegue a hacerse efectiva por la comisión de un delito de prevaricación malversación de fondos públicos.