Gabilondo abre una investigación por el caso Canet y pide a Cambray que explique cómo protege al menor
El Defensor del Pueblo exige a la Generalitat que aplique las sentencias del 25 por ciento y muestra su preocupación
Dos semanas después del acoso que sufrió una niña y su familia en Canet de Mar (Barcelona), el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas que la Consejería de Educación de la Generalitat ha adoptado para defender a la menor, saber si se han dado más casos como el de Canet en la comunidad y mostrar su preocupación a la administración autonómica por los «perjuicios» que supone para una familia que se cumpla una resolución judicial.
A través de una nota de prensa, el Defensor del Pueblo informó este jueves de que toma cartas en el asunto del caso de Canet, episodio de acoso nacionalista a una familia, incluida la menor, que tras la negativa del colegio y la Consejería de Educación de aplicar el bilingüismo en su aula acudió a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabó por darles la razón y obligando al centro escolar a aplicar un 25 por ciento de clases en español.
Gabilondo, al que, tras conocerse el caso, PP, Vox y Cs le pidieron que interviniera y se mostró cauto, ha procedido ahora a preguntar a la Consejería por este asunto. Así, el Defensor del Pueblo quiere saber de la administración autonómica «cómo está protegiendo» a la menor y a su familia «ante la presión social y política a la que están siendo sometidos, tras haber reclamado clases en castellano». Igualmente, ha preguntado al consejero del ramo, Josep Gonzàlez-Cambray, que se presentó en el colegio para defender a los padres que se oponían al bilingüismo y la aplicación de la sentencia, y acusó a la familia afectada de mentir, si hay «otros casos similares que se hubieran podido producir».
El Defensor del Pueblo interpela al responsable de la Consejería, en concreto, sobre «las medidas adoptadas o que se puedan adoptar por parte de esa Administración para la efectiva protección de la menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo, así como los términos en los que hubiera acordado el ejercicio del derecho instando en aplicación de la legalidad vigente y la jurisprudencia en materia de utilización de lengua vehicular en la enseñanza. Tanto en este caso concreto como en otros supuestos similares que se hubieran podido plantear en el ámbito competencial de la Consejería de Educación».
En esta línea, Gabilondo ha transmitido a Gonzàlez-Cambray su preocupación por la situación en la que se encuentra la familia de Canet tras haber obtenido el respaldo del TSJC y le ha recordado que «el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos».
A partir de ahora, se abre un plazo, sin fecha límite, para que la Consejería responda a las preguntas efectuadas por el Defensor del Pueblo. En caso de que Gabilondo se dé por satisfecho con las respuestas, el asunto se archivará. En caso contrario, o bien se interpelará a la administración afectada con más cuestiones o se emitirá una resolución con recomendaciones.
Señalados por el Govern
Pese a que la sentencia del TSJC (de medidas cautelares) sobre el conocido como caso Canet es de finales de octubre y una más de las decenas que los defensores del bilingüismo ganan en los tribunales a la Generalitat, el nacionalismo catalán no puso su maquinaria contra la decisión hasta un día lectivo antes de la aplicación de la medida del 25 por ciento a primeros del mes de diciembre.
El asunto fue politizado por el propio Govern, cuya portavoz, Patrícia Plaja, llegó a señalar al niño y la familia en una rueda de prensa. Gonzàlez-Cambray, que tenía conocimiento de la resolución desde el 29 de octubre, se trasladó al centro el día de la puesta en marcha de la medida cautelar para dar ánimo a los padres que se manifestaron en contra de la decisión.
A la familia y la niña se las señaló en internet y pidieron protección al TSJC. La Fiscalía investiga el caso.
