La Fiscalía ve «sólidos indicios delictivos» en Mas por desafiar al TC en el 9-N
Sostiene que el expresidente catalán «desafió abierta y públicamente la suspensión» acordada por el TC
La Fiscalía se opone al archivo de la causa del 9-N porque ve «sólidos indicios delictivos» en la actuación del expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que continuaron e «intensificaron» la preparación de la consulta al «desafiar» la suspensión del Tribunal Constitucional.
En un escrito, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desestime la petición de archivo de la causa planteada por las defensa de Mas, Ortega y Rigau, que alegaron que habían cesado y desistido de la preparación, organización y ejecución de la consulta y la dejaron en manos exclusivamente de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional (TC).
La Fiscalía, que sostiene que Mas «desafió abierta y públicamente la suspensión» acordada por el TC el 4 de noviembre, concluye que si bien es cierto que fueron voluntarios los que atendieron materialmente las votaciones del 9N en las respectivas mesas, «las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre controladas por la Administración autonómica».
Las defensas de Mas, Ortega y Rigau pidieron el archivo de la causa días antes de que el magistrado instructor del TSJC Joan Manuel Abril remitiera todo el caso al Tribunal Supremo, al entender que los hechos atribuidos al exconseller de Presidencia Francesc Homs -actualmente aforado por ser diputado en el Congreso- no se pueden desvincular de los cometidos por Mas, Ortega y Rigau.
El Supremo ha recibido ya la exposición razonada del magistrado y ha acordado la devolución inmediata de las diligencias originales al TSJC porque, hasta que se resuelva sobre el contenido de su petición sobre Homs, entiende que quien debe seguir instruyendo la causa es el alto tribunal catalán.
Sobre Mas, los Fiscales advierten que «intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso».
Según los fiscales, el expresidente catalán, «auxiliado directamente por destacados miembros de su gobierno», como Ortega, Rigau y Homs, "desafió abierta y públicamente" la suspensión del proceso participativo ordenada por el Tribunal Constitucional.
«No sólo eso, sino que el investigado Artur Mas, amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando en plena conciencia y voluntad, dejó de suspender la convocatoria que él mismo había efectuado, incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del TC», subraya el escrito.
Para los fiscales, Mas «dispuso efectivamente, o dejó de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar efectivamente la votación señalada para el 9 de noviembre de 2014».
Según los fiscales, la instrucción de la causa ha acreditado que los acusados, tras conocer la suspensión ordenada por el TC, «pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así».
Los fiscales también se refieren a la conducta del exconseller de Presidencia Francesc Homs, quien «irrazonablemente legitimó la continuación» de los trabajos encargados por la Generalitat a la contratista T-Systems, en una carta en la que alegó que los servicios jurídicos del gobierno catalán certificaban que no se veían afectados por la resolución del Constitucional.
«Dicho conseller no sólo legitimó injustificadamente la continuación de los servicios, sino que advirtió implícitamente de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista», agregan los fiscales, que subrayan que, pese a que lo han requerido, la Generalitat no ha aportado los "supuestos" dictámenes de los servicios jurídicos a los que Homs se refirió en su carta.
