La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para Quim Torra por su «show» de los lazos
El ministerio público acusa al «president» de desobediencia por no retirar una pancarta partidista de la Generalitat
La Fiscalía pide un año y medio de inhabilitación y una multa de 30.000 para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su negativa a retirar simbología partidista de los edificios públicos durante el periodo electoral.
En su escrito de acusación previo al juicio –todavía sin fecha–, el fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, acusa al president de haber hecho oídos sordos a las órdenes que entre marzo y abril le dio la Junta Electoral Central (JEC) de descolgar lazos amarillos y esteladas de edificios públicos –especialmente del Palau de la Generalitat– para no comprometer la imparcialidad de las instituciones antes de los comicios generales de mayo.
Según el fiscal, Torra «debía proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento», pero no lo hizo. Por eso le acusa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de un delito de desobediencia, por el que reclama una condena de veinte meses de inhabilitación para cargos públicos , tanto de ámbito autonómico como estatal, local y europeo.
La Generalitat, en cambio, cree que colgar esta simbología en los edificios públicos, aun en periodo electoral, es «libertad de expresión», y que no compromete la neutralidad de las instituciones, según ha insistido hoy martes la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
En la misma línea –y con palabras más grandilocuentes sobre «libertad» y «derechos humanos»– se defendió Torra en su declaración como imputado en el TSJC. Allí, consciente de que el delito que le imputan no acarrea penas de cárcel, el president presumió de que había desobedecido a la Junta Electoral. Eso sí, a renglón seguido, y a preguntas de su abogado, matizó que esa desobediencia de la que él hablaba había que entenderla como una expresión «coloquial» y no en términos jurídicos.
La primera resolución, que Torra ignoró, fue la del pasado 11 de marzo. La Junta Electoral Central le daba 48 horas para retirar las esteladas y los lazos amarillos que colgasen de cualquier edificio público dependiente de la Generalitat. La JEC consideraba que eran símbolos partidistas y que, por consiguiente, no debían lucir en instituciones públicas ante las inminentes elecciones generales.
Torra desatendió esa y las sucesivas órdenes de la JEC, que le advertía de las posibles consecuencias penales de su desafío. Aunque las resoluciones eran firmes, el president y continuó presentando recursos, justificando en uno de ellos su imposibilidad de cumplir la orden porque los edificios de la Generalitat eran «multitud».
También alegó que estaba esperando un pronunciamiento del Síndic de Greuges –Defensor del Pueblo en Cataluña–, pese a que no tiene competencias en esta materia. Además, Torra engañó también entonces a la ciudadanía , pues dijo que esperaba ese informe, cuando en realidad ya sabía lo que el Síndic iba a resolver.
