La Fiscalía avala que Torra cobre un sueldo como «expresident»

La Fiscalía da aire a las posibilidades de Quim Torra de cobrar una pensión como expresidente de la Generalitat pese a haber sido condenado en firme por desobediencia. Una cosa es su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante año y medio por su desafío con una pancarta a favor de los presos independentistas, y otra que se le prive de su derecho a percibir esa remuneración. Este ha sido el posicionamiento del fiscal superior catalán, Francisco Bañeres, en una comparecencia convocada hoy miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recabar su postura y la de la defensa sobre los detalles de la ejecución de la sentencia que apartó a Torra de la Generalitat. Ahora, el tribunal deberá pronunciarse, pero el aval del Ministerio Público marca el camino de lo que podría ser su resolución.

En la vista, a puerta cerrada, el fiscal ha detallado su postura, que luego han explicado fuentes judiciales. En síntesis, ha argumentado que el fin de esa pensión es compensarle por la incompatibilidad de trabajar durante un tiempo en el sector privado . La sentencia que inhabilitó a Torra, además, no se pronunciaba sobre sus «honores» como «expresident», ni sobre las prestaciones económicas a las que tiene derecho. En su caso, cobraría durante cuatro años el 80 por ciento de los 153.235 euros anuales percibidos como presidente y a partir de los 65 años una pensión.

Este posicionamiento no es nuevo : cuando el TSJC condenó al expresidente Artur Mas por la consulta ilegal del 9N de 2014, la Fiscalía se pronunció en similares términos sobre su salario. En todo caso, la pelota quedaría sobre el tejado del Parlament, pues la ley establece que este tiene la facultad de retirarles la pensión en casos de condenas firmes, si así lo aprueba una mayoría cualificada de la cámara.

Ha habido consenso entre el fiscal y Gonzalo Boye, abogado de Torra, sobre la remuneración del «expresident», pero no en cuanto al otro eje sobre el que ha girado la convocatoria del TSJC de hoy: la duración de la pena de inhabilitación. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo, fijó en año y medio el periodo en el que Torra no podrá ejecer cargos públicos, pero su abogado busca subterfugios para acortar plazos. Boye reclamó que se le rebaje descontándole los meses en que, por orden de la Junta Electoral, Torra estuvo suspendido como diputado en el Parlament (desde enero). Pero el fiscal se ha opuesto a esta petición ya que Torra siguió desempeñando el cargo de «president», pese a retirársele la credencial de diputado. Por otra parte, Torra presentará estos días un plan para abonar de forma fraccionada los 30.000 euros de multa que le impuso el TSJC.