La Fiscalía archiva la denuncia de Cs contra Cambray por el 25% y recuerda que los responsables son los directores

La Fiscalía Superior de Cataluña archiva la denuncia presentada por Cs contra el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y los altos cargos del departamento de enseñanza por no estar aplicando ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, que establece el sistema bilingüe en todas las escuelas de la comunidad, en lugar de la inmersión, que es solo en catalán. El archivo de las diligencias de investigación, dado a conocer este miércoles, lo firma el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres.

En el documento, consultado por ABC, Bañeres reprocha a Cs, cuya denuncia presentaron el presidente y el portavoz parlamentarios de la formación naranja, Carlos Carrizosa y Nacho Martín Blanco, respectivamente, que desde este partido político se acuse a los responsables de la Consejería de Educación de llevar a cabo un «plan criminal» sin aportar ninguna prueba y señala que «la denuncia formulada (a finales del mes de marzo) tiene un contenido de naturaleza más política que jurídica».

Para la Fiscalía, la denuncia no acierta ni concreta «conducta» delictiva alguna de Gonzàlez-Cambray o algún alto cargo de Educación, y recuerda a la formación liberal que una cosa es discrepar «con las líneas directrices que han trazado la política lingüística« durante años las autoridades educativas y otra, bien distinta, que eso suponga un »plan criminal«. Además, respecto a la ejecución de la sentencia del TSJC, el fiscal apunta que «resulta prematuro pronunciarse sobre si, a fecha de hoy, y sin que conste deducción de testimonio por parte de la autoridad judicial, ha existido incumplimiento o desatención al mandato del Tribunal por parte del actual consejero«.

Pese al múltiple tirón de orejas a Cs por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público recuerda su posición en el tema de fondo, es decir, en el cumplimiento de la sentencia que obliga a la Consejería de Educación a establecer todos los mecanismos para que los alumnos de Cataluña reciban, al menos, un 25% de las asignaturas en español. El fiscal señala que tras la sentencia del TSJC de 2020 la medida afecta a «todos los alumnos», a diferencia de lo que sucedía hasta la fecha, que el bilingüismo se aplicaba a petición de los padres y solo para la clase afectada. Así, ahora cualquier persona legitimada, también las entidades, pueden «solicitar su inmediata ejecución».

En este sentido, la Fiscalía recuerda, en la línea de lo manifestado a finales de enero de este año, que son los directores de los centros educativos los responsables de «la competencia y el deber de diseñar el plan lingüístico» de cada escuela. Así lo recoge la normativa legal y lo reconoce la propia Consejería en varios decretos y respuestas en procesos judiciales. Y, finalmente, advierte de que la sentencia del TSJC de diciembre de 2020, ratificada después por el Tribunal Supremo, «es perfectamente comprensible por sus destinatarios, los cuales quedan obligados a su cumplimiento», según el artículo 118 de la Constitución.

Este archivo de una denuncia se suma a las demandas archivadas también por la Fiscalía contra Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y Gonzàlez-Cambray por presuntamente haber cometido los delitos de desobediencia y prevaricación. El presidente y el consejero autonómicos habían sido denunciados ante el Ministerio Público por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, la asociación Hablamos Español, el sindicato Manos Limpias y un particular.