El fiscal pide hasta dos años y medio de cárcel para los CDR que se encadenaron al TSJC
Los independentistas encausados defienden en el juicio que fue una manifestación «no violenta»
Ellos aseguran que aquello fue solo una protesta «pacífica y no violenta» en solidaridad con los líderes del «procés» encarcelados, pero la versión del fiscal es muy distinta: los 13 activistas de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) encadenándose a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona impidieron «el normal funcionamiento» de los tribunales y se resistieron a colaborar con los Mossos d’Esquadra que intentaron desalojarles.
Por eso el fiscal pide para ellos penas de hasta dos años y medio de cárcel por desórdenes públicos, desobediencia y resistencia grave a los agentes. El juicio ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona, ubicado, precisamente en el edificio del Palacio de Justicia donde hace casi dos años se encadenaron. Allí tiene su sede también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Uno de los procesados no se ha presentado al juicio.
Los que sí han acudido se han decantado por no contestar a la Fiscalía . Se han limitado a responder a sus abogados y prácticamente todos han reproducido los mismos argumentos: lo que hicieron aquel día de febrero de 2018 fue limitarse a ejercer su derecho de manifestación para exigir la libertad de los líderes del «procés» y denunciar la «represión del Estado». Los activistas aquel día cerraron la puerta principal de la sede judicial y la bloquearon «con diversas cadenas de hierro o de moto». Luego se ataron también ellos unos a otros.
«No quisimos bloquear»
La acción había comenzado a las 7.45 horas y la entrada pudo liberase a las 9.05. Y la calle circulación en la calle donde se encuentra el Palacio de Justicia no se normalizó hasta las 10.15. Pese a ello, los activistas han negado en la vista que con su protesta hubiesen obstruido el «normal funcionamiento» del tribunal. «No teníamos intención de bloquear» , ha defendido Alejandro V., uno de los procesados. Era, según él, simplemente una «acción simbólica» de protesta en las escalinatas del edificio judicial.
Más allá de si la protesta afectó o no al normal funcionamiento de los juzgados, la Fiscalía y las defensas discrepan también sobre la actitud de los activistas frente a los agentes de los Mossos que acudieron a intentar desalojarlos. El Ministerio Público sostiene que «la falta de colaboración» de los acusados «obligó» a los efectivos policiales a cortar las cadenas con una cizallas; luego detuvieron los manifestantes. Los acusados lo niegan. Por ejemplo, Marcel L., uno de los activistas que se sientan en el banquillo, ha reconocido que síque tenían una cadena pero dice que «en ningún caso» los agentes de los Mossos tuvieron que cortarla.
El fiscal considera también que algunos acusados se resistieron de forma grave a los agentes cuando estos trataban de desencadenarlos. Marta M. y Juan M., para quienes el fiscal reclama un año por desobediencia y resistencia grave, han negado ante el juez haber dado patadas a los agentes.
Antes de los interrogatorios, las defensa habían solicitado que se retirasen como prueba las grabaciones que aquel día hicieron los agentes. El tribunal ha rechazado la petición. El juicio continúa este jueves con testificales de los agentes que aquel actuaron ante el TSJC.
