Los espiados de Òmnium y la CUP presentan querellas por el caso Pegasus
Las llevan al mismo juzgado que investiga desde hace meses el espionaje con Pegasus a Torrent y Ernest Maragall
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Los afectados por el espionaje de Pegasus de Òmnium Cultural y la CUP han presentado una querella cada uno en un juzgado de Barcelona por el 'catalangate'. Las dos se dirigen contra NSO Group, la empresa israeliana propietaria del software Pegasus, y ambas formaciones piden ser acusación particular en el caso. Los textos tienen un redactado idéntico, ya que todos los afectados están representados por el abogado Benet Salellas.
Ambas querellas se han presentado en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus a los móviles del conseller Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall y aunque son distintas coinciden en pedir ampliar la investigación que ya está en marcha y añadir a los afectados de Òmnium, que son Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Botet, y de la CUP, David Fernàndez, Carles Riera y Albert Botran.
En concreto, los textos hacen referencia a las agencias estatales españolas y piden investigar si CNI, Policía Nacional, Guardia Civil o agencias de ciberseguridad estuvieron involucrados y atribuyen a NSO un presunto incumplimiento de sus estándares de control ante de comercializar Pegasus, o bien falta de control posterior del uso de la licencia.
Las querellas recuerdan que el uso de Pegasus «en contextos de espionaje a opositores políticos, activistas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos ha sido denunciado por multitud de organizaciones no gubernamentales y por prestigiosas cabeceras de prensa» y el reciente caso destapado relacionado con independentismo, según el que 65 personas del entorno soberanista tuvieron los móviles infectados en momentos en que hacían funciones «vinculadas a la defensa de acciones de denuncia de la represión contra el movimiento para la autodeterminación después del referéndum del 1-O y de preparación de estrategias jurídicas«.
«Es evidente que las infecciones a Mauri, Jiménez y Bonet tenían también como objetivo asaltar el ámbito de intimidad y de las comunicaciones de Jordi Cuixart« mientras no tenía móvil porque estaba en prisión por el 1-O, añade la querella de Òminum.
«Grandes evidencias» de que fue el Gobierno
Los textos también exponen que hay «grandes evidencias» de que los ataques procedían de una institución del Gobierno ya que el momento y los espiados coinciden con «actividades de interés específico» para el Gobierno, y creen que los objetivos eran de un interés evidente, en sus palabras, para el Ejecutivo.
Además, recuerdan que el CNI es cliente de NSO y señalan que «el gran lapso de tiempo en que se han producido los ataques, así como la relevancia de las personas atacas, llevan a descartar que se trate de una operación clandestina de un tercer país o una tercera persona«, porque les habría descubierto el CNI u otra agencia de ciberseguridad.
Los escritos afirman que el Gobierno hizo una «asunción de los hechos» cuando anunció la apertura de un control interno del CNI y constituyó la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Òmnium y la CUP consideran que de estas medidas «se puede inferir la asunción de la autoría por parte del Gobierno español, por parte del CNI o de otras agencias gubernamentales colaboradoras en el ámbito de la inteligencia y la información» que dependen de los ministerios de Defensa e Interior.
