El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales del ICF y pide un informe a la Abogacía del Estado
La delegada instructora cuestiona que la administración autonómica pueda amparar responsabilidades graves
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas (TdC) que investiga a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, Esperanza García, tiene «dudas» sobre «la suficiencia y la legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asumen la propia administración autonómica perjudicada», según han informado fuentes oficiales del TdC.
Ante estas «dudas», la delegada instructora ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del TdC un informe de la Abogacía del Estado para que se lo remita lo antes posible, pero el informe no es vinculante. Así, los servicios jurídicos del Gobierno deberán posicionarse sobre los avales, pese a que han sido parte del proceso contable durante la fase de instrucción hasta la liquidación provisional, que fijó en 5,4 millones de euros el posible gasto indebido por la acción exterior del 'procés' entre 2011 y 2017.
Encaje de dudosa legalidad
De esta manera, este martes no se sabrá si los avales con dinero público del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) son aceptados por el TdC y tampoco, por lo tanto, si el plan B de la operación de la Generalitat, después de que no encontrase bancos o entidades financieras privadas para ello (el plan A), surge efecto. El objetivo es que los implicados en el 'procés', entre los que están Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, no tengan que avalar con sus bienes las fianzas judiciales.
Según la mayoría de los expertos consultados por ABC la operación de avales de la Generalitat tiene un encaje legal muy difícil, por no decir imposible, y supone una problema añadido para el ICF, que aspira a poder ejercer como un banco público y ahora queda inmerso en una operación política. En esta causa, la administración pública catalana es parte perjudicada, pues los 5,4 millones de euros salieron de sus cuentas, por lo que el TdC duda de que la propia Generalitat pueda ser a la vez perjudicada y avalista.
Sin embargo, para el Govern catalán no hay duda y la operación es legal. Tras conocer la decisión de la delegada instructora, la portavoz autonómica, Patrícia Plaja, ha reiterado que «el Govern continúa defendiendo la legalidad del aval» del ICF y el decreto-ley, aprobado el 6 de julio, que le da el sustento jurídico para la operación. «Pedimos al TdC que deje de hacer política», ha señalado Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo ordinario de esta semana.
Proceso de embargo para dos ex altos cargos
La delegada instructora, que alargó el plazo dos días hábiles más la semana pasada para que se hicieran efectivas las fianzas de los presuntos responsables contables y finalizó la pasada medianoche, sí ha iniciado el proceso de embargo a dos de los 34 ex altos cargos de la Generalitat, tras analizar la documentación recibida, porque no han podido afianzar las cantidades requeridas.
La fianza de los 5,4 millones es solidaria entre los 34 ex altos cargos afectados en este proceso, en función de sus responsabilidades en el supuesto gasto indebido por el 'procés' en el extranjero y el tiempo que estuvieron ejerciendo esas funciones. Puigdemont y Junqueras tienen que hacer frente a la responsabilidad de 1,9 millones de euros cada uno; Romeva, otros 2,1 millones de euros; y Mas, 2,8 millones de euros.
Estos 5,4 millones de euros se fijaron en la causa que investiga la acción exterior del 'procés', es paralela a la que investiga el gasto indebido por el referéndum ilegal del 1-O (4,1 millones de euros) y posterior a la que ya se enjuició y está en fase de ejecución relacionada con el 9-N (4,9 millones de euros), y que también afecta a Mas, entre otros.
