Cataluña utilizó sus competencias a favor de los políticos presos

Salvo Cataluña, ninguna comunidad autónoma quiso entonces meterse en el jardín de unas competencias tan costosas en lo económico y tan poco atractivas en lo electoral. En 1983 el Gobierno de Felipe González traspasó a la Generalitat la gestión penitenciaria . Casi cuatro décadas más tarde, esta herramienta, a priori de gestión y sin margen para modificar las condenas, ha acabado beneficiando a los presos del 'procés'. Ahora, el País Vasco se convertirá en la segunda comunidad autónoma en asumir la gestión de las prisiones.

Las alarmas en Cataluña se encendieron cuando el Tribunal Supremo, en su sentencia, no aceptó la pretensión de la Fiscalía de dejar por escrito que los líderes del 1-O no pudieran acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena. Eso podría dar margen a la Generalitat , avisaron algunas voces, para maniobrar a favor de los presos independentistas .

No hizo falta llegar al tercer grado. Ya antes, el Govern utilizó el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para asemejar sus regímenes a una semilibertad, con salidas de prisión diarias. Un «tercer grado encubierto», lo definió la Fiscalía . Y el Supremo le dio la razón. Tal y como desveló ABC, la Generalitat les había concedido el 100.2 diez veces más rápido que a los otros presos que también lo tenían. Y que eran, además, minoría entre la población carcelaria.

Con el tercer grado, a grandes trazos, se repitió el guion. La Generalitat, tras los informes favorables de las juntas de tratamiento de las tres cárceles en las que cumplen condena, les dejó en semilibertad. El Supremo acabaría anulándolas en diciembre . Y en enero, un nuevo intento, esta vez abortado ya por los jueces de vigilancia penitenciaria. Los presos renunciaron a recurrir al Supremo , dada la contundencia de sus últimos pronunciamientos. No podrán optar a otro tercer grado al menos hasta julio , cuando los técnicos de las juntas de tratamiento de las cárceles deberán revisar su evolución. De momento, en segundo grado, disfrutan de 36 días al año de permisos ordinarios, al haber cumplido ya todos ellos una cuarta parte de la condena.

Al margen de la cuestión de los líderes presos, pocas diferencias ha habido históricamente entre la política penitenciaria de la Consejería de Justicia de la Generalitat y la del Ministerio del Interior , según un estudio del catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lérida Josep M. Tamarit. La Generalitat «ha aplicado en general criterios poco diferenciados con respecto a la Administración del Estado», según el estudio. Si acaso, la mayor diferencia –sostiene– ha sido la inclinación de la Generalitat a dar más terceros grados. Tamarit concluye que las diferencias son más claras entre las resoluciones de los diferentes tribunales «que entre cada una de las administraciones penitenciarias». Otra cosa bien distinta es lo ocurrido con los presos del 'procés'.