Un chat de Convergència delata el perenne cainismo en el seno del independentismo

El estado natural del secesionismo es la guerra interna. La alianza electoral de Convergència y Esquerra (Junts pel Sí) para las elecciones autonómicas de 2015 en las que prometieron que si ganaban Cataluña en 18 meses se independizaría solo fue un espejismo. Prueba de ello es que aquella coalición nunca se repitió, aunque no les quedaría más remedio que entenderse para gobernar. La actual tensión entre los dos partidos que conforman el Govern no es la excepción sino la norma. Un grupo de Whatsapps que en 2016 mantenía en contacto a altos cargos convergentes –algunos ahora son consejeros de del Govern Torra–, que ahora ha salido a la luz a raíz de una investigación judicial, así lo plasma.

Dardos de derecha a izquierda, y de derecha a la extrema izquierda. Como el de la actual consejera de Presidencia, Meritxell Budó, hacia la CUP. Para ella, los anticapitalistas son unos « fachas de izquierdas», que solo quieren «imponer como un Hitler o un Stalin vulgares». «Es como un nazi marcando con una estrella a los judíos», decía Budó, cuando era alcaldesa de La Garriga (Barcelona), en un chat de Whatsapp con representantes locales de la antigua Convergència. Hizo ese comentario tras un escrache protagonizado por dos centenares de okupa en un local del barrio de Gràcia.

Lanzó varios mensajes en esa línea y en ese mismo tono contra los anticapitalistas. Como el que escribió la tarde del 2 de junio de 2016 «¿ Habéis visto a los fascistas de izquierdas de la CUP , poniendo cara y nombre a un ciudadano de Barcelona?». Estas conversaciones se recogen en uno de los informes del sumario, al que ha tenido acceso Efe, de una la investigación sobre el supuesto desvío de subvenciones públicas de la Diputación de Barcelona hacia entidades afines al partido. En ese grupo de Whatsapp participaban también el exconsejero de Interior condenado por el «procés», Joaquim Forn, y el alcalde de Tordera, Joan Carles García Cañizares, detenido en 2018 por su supuesto vínculo con la trama corrupta de desvío de fondos.

Eran tiempos en los que la corrupción de Convergència dejó de ser «presunta». El 8 de mazo de 2017, en el juicio del caso Palau, Fèlix Millet delató al partido por cobrar comisiones ilegales. Minutos después de la confesión, el líder del PDECat en Dosrius (Barcelona), Carles Bosch, daba la alarma de lo que estaba pasando en la sala de vistas: «Qué sensación de pena, escuchando la declaración de Millet. Es la imagen del fin de una época ».

No todos tenían interiorizados de la misma manera el concepto de corrupción. Y es que, por ejemplo, el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, minimizaba la gravedad de las «mordidas» que CDC cobraba a constructoras a cambio de adjudicarles obras públicas desde las instituciones controladas por el partido. « Tenemos que tener clara la diferencia entre financiación irregular y corrupción », decía. Y la entonces diputada en el Parlamento catalán Montserrat Candani recordaba la consigna del partido: «Ante la apelación CDC, respuesta PDECat». La antigua CDC, asediada por la corrupción, se rebautizó para salvar su imagen.

Pero no solo apuntaban hacia la CUP sino también hacia quienes debían ser sus socios más leales. Antes del 1-O, en esos chats, el actual consejero de Interior, Miquel Buch, se quejó de que los convergentes eran los únicos que tenían problemas con la justicia por su apuesta independentista. « Que imputen a Junqueras , que se esconde por todas partes porque lo que quiere es ser candidato».