Catalanes perplejos

Vengo denunciando desde estas páginas la creciente perplejidad y, también, la creciente confirmación sobre la desprotección que sufrimos la ciudadanía catalana. Desprotección que en Cataluña es institucional, política, jurídica y hasta legal.

Hemos solicitado reunirnos con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el delegado, Enric Millo, para denunciarle los hechos y la pretensión de distintos grupos políticos y/o asociativos, de silenciar voces que no somos tan «complacientes» como ellos, con la situación que se vive en el seno de la sociedad catalana y en las calles de la región. Pensamos que, unos, porque una vez institucionalizados creen que les viene bien la continuidad, olvidando sus orígenes; y otros, que por elitistas o recién llegados, aún no saben bien qué sucede en la calle, en los barrios y en las escuelas donde se está produciendo la humillación del adoctrinamiento obligatorio de la población y no en foros académicos.

Digo esto a propósito de lo ocurrido en el Congreso en torno a la negociación de un Pacto de Estado por la Educación. Es humillante para los catalanes que nuestra clase política nacional mienta y haga de plañidera, ante declaraciones o informes que son de conocimiento público y denunciados, desde hace años, por parte de asociaciones e instituciones de distinto signo.

Es insultante que Juan Carlos Girauta (Cs), quien nos ha acompañado en alguna de nuestras manifestaciones cívicas, pregunte a estas alturas por lo que piensa hacer el Gobierno con el adoctrinamiento en la escuela catalana o que plantee su partido que «si es cierto lo que dicen los editores de libros», cuando todos conocemos los trabajos e informes hechos por Convivencia Cívica Catalana, presidida por Paco Caja, y multitud de entidades y medios, o que el ministro asegure que «si no hay denuncia, no puede intervenir».

Citaré dos ejemplos que justifican nuestra indignación: el año 2012, Alicia Sánchez Camacho (PP) acusó a la Generalitat de crear «una escuela de perfil nacional» y en el propio Congreso, a propósito de la fallida ley Wert, el exministro denunciaba a la Generalitat de «ocultar contenidos en las escuelas»; y por ello fue tildado de querer «españolizar».

Tampoco nos satisface la comparecencia de SCC en el Congreso. Denuncia como nuevo el deterioro democrático en Cataluña, sirviendo de cobertura para actitudes de «conllevancia» de los partidos que le dan soporte. Ello no les exime de ser acusados como a todos de ser de extrema derecha. El «proceso» y su denuncia lleva más de 30 años y su único remedio pasa por la recuperación de la competencia de la Educación por parte del Gobierno, y acabar con el estéril debate sobre las competencias.

Ángel Hernández Guardia es presidente MC 12 Otubre de Cataluña