Cuatro detenidos, entre ellos un alto cargo del Govern, por el desvío de subvenciones a afines a CDC
La operación investiga, entre otros aspectos, presuntas irregularidades en la candidatura de los Juegos Olímpicos Pirineos-Barcelona 2030
La Guardia Civil detuvo este martes al secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, y a otros tres cargos vinculados al PDECat en una operación contra una trama acusada de desviar supuestamente subvenciones públicas a fundaciones cercanas a la extinta CDC. Se les investiga por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Además de Figueras, la Guardia Civil detuvo a Maite Fandos, exconcejal del PDeCat en Barcelona y, desde septiembre de 2019, es asesora técnica del área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial de la Diputación de Barcelona, así como al subdirector general de Gestión de la Secretaría General del Deporte, Lluís Pallisera, y al apoderado del Canal Olímpic de Castelldefels.
Según relató Efe, en la operación denominada VOLOH y dirigida por el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, los agentes registraron oficinas en la Secretaría General del Deporte de la Generalitat y el Consejo Catalán del Deporte, dependientes del Departamento de Presidencia.
El juez, que basa sus indicios en conversaciones telefónicas intervenidas, sospecha que desviaron presuntamente ayudas públicas a entidades afines a CDC mediante adjudicaciones directas o pagos por conceptos de publicidad a revistas que eran gestionadas por las fundaciones Catmón e Igman, del entorno de CDC.
Juegos de invierno
Entre los proyectos que presuntamente iban a enmascarar el desvío de ayudas públicas, el juez destaca la candidatura olímpica de los Juegos Pirineo-Barcelona 2030, que los investigados querían financiar con aportaciones públicas vehiculadas a través de una fundación.
Esta investigación deriva de una causa sobre supuesto fraude en la concesión de subvenciones de la Diputación de Barcelona que ABC desgranó recientemente destinadas a cooperación, por la que en mayo del año pasado fueron detenidas 30 personas y registradas Catmón e Igman. A raíz de la documentación incautada entonces, el juez abrió una nueva línea de investigación ante las sospechas de que la presunta trama abarcaba subvenciones gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat y por la Secretaría del Deporte.
El juez ve indicios de irregularidades en la concesión de subvenciones, a partir de varias conversaciones intervenidas a los detenidos, que aluden a su relación con cargos del entorno posconvergente, como las exconselleras Elsa Artadi y Neus Munté o el propio presidente del PDECat, David Bonvehí.
El PDECat negó en un comunicado «cualquier práctica de financiación irregular» y el Govern aseguró que tomará decisiones una vez tengan toda la información.
