La Fiscalía cerca a la CUP por usar fondos públicos para alentar el 1-O

Pese a haber sido una de las fuerzas que más alentaron el desafío independentista en octubre de 2017, gracias a que no formaba parte del Govern la CUP ha podido esquivar el grueso de las causas judiciales abiertas contra los líderes del «procés». Ahora, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para indagar si la formación anticapitalista malversó partidas de su grupo parlamentario en la cámara catalana para alentar a la participación en el referéndum secesionista ilegal.

La investigación, adelantada por el diario «Ara», se centra en dos partidas que suman 168.666 euros . Se trata de la financiación y presentación de un libro, «Referéndum 2017: la clave que abre el año», y de un vídeo, «Ahora comienza el Mambo», según mantiene la formación antisistema. Ambas iniciativas estaban relacionadas con la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Como los pagos para sufragar ambos proyectos procedían de la asignación que recibía el grupo parlamentario antisistema por su actividad en la anterior legislatura, la fiscal, adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona, considera que puede haber indicios de un delito de malversación de fondos públicos, según detallaron a ABC fuentes judiciales.

Dentro de las diligencias que la fiscal mantiene abiertas, han declarado ya como testigos varios proveedores del partido. Y este lunes lo ha hecho también u no de los miembros del Secretariado Nacional de la CUP en 2017 , cuya identidad la formación antisistema ha preferido no revelar. En su declaración, según fuentes del partido, este excargo ha explicado cuál era el funcionamiento interno de la formación, insistiendo en que en la CUP las decisiones se toman de forma asamblearia.

Los anticapitalistas no esconden su «papel clave» en la celebración del referéndum y, tras la investigación iniciada por la Fiscalía, han reafirmado hoy lunes su «compromiso firme» con la consulta ilegal y la «campaña de agitación popular», que ahora la Fiscalía investiga si se sufragó con fondos públicos. La CUP considera que esta causa se enmarca en la supuesta persecución ideológica del secesionismo, solo por el hecho de serlo: «Es evidente que nos encontramos ante una nueva muestra de la judicatura del Estado español de criminalizar el independentismo y perseguir la voluntad política de un pueblo a tomar partido y autodeterminarse», ha valorado Núria Gibert, teniente alcalde de la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès y portavoz de la CUP. Ahora la Fiscalía analizará si hay indicios para presentar una querella en sede judicial contra la formación pancatalanista.