Una amnistía... para ahondar en la división

Junts, el PDECat, ERC y la CUP registrarán en el Congreso, el 15 de marzo, una propuesta de ley de amnistía que reclama borrar los delitos del 9-N y el 1-O, pero excluyendo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil

Foto de familia de los representantes de los partidos y las asociaciones que impulsan una ley de amnistía para los condenados o procesados por el 9-n y el 1-O, hoy EFE

Daniel Tercero

Al son de «Què volen aquesta gent?», Junts, el PDECat, ERC y la CUP presentaron este lunes, con la ayuda indispensable de la argamasa de Òmnium Cultural, su propuesta de ley de amnistía que, como suele ocurrir en Cataluña en los últimos lustros, cuando uno no quiere solucionar un problema, deja a un lado a la mitad de los catalanes para dirigirse solo a los inquilinos de los primeros bancos de la iglesia catalanista.

La propuesta de ley orgánica (diez artículos y una disposición adicional única) se registrará en el Congreso el próximo 15 de marzo, un mes y un día después de las elecciones autonómicas. Y se presentó, hoy, justo dos meses antes de la cita electoral como uno de los pocos asuntos que puede unir al movimiento independentista, en caída libre desde el 3 de octubre de 2017. Aunque ni en un momento como este, el movimiento puede aunar a todos sus grupos. No asistieron ni la Assemblea Nacional Catalana ni en Partit Nacionalista Català.

La iniciativa, según sus promotores, que han presentado en el patio de lo que fue la cárcel Modelo de Barcelona, se convierte desde este lunes en «transversal» (que en Cataluña suele ser sinónimo de exclusión al no nacionalista) y recoge el testigo iniciado en septiembre por un grupo, auspiciado por ERC, llamado Amnistia i Llibertat (cuya propuesta se ciñe a ocho artículos). Sin embargo, ya se sabe, cada uno hace a su manera lo que uno recibe como testigo.

Así, del proyecto de Amnistia i Llibertat (que contó con la ayuda y el trabajo de juristas) se cae, por arte de birlibirloque y actuación política, toda referencia a que la amnistía también debe afectar a «los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad por los actos generadores de causas penales o expedientes administrativos disciplinarios en curso o conclusos realizados con ocasión de actuaciones de investigación de cualquier índole o de impedimento de la realización de los hechos mencionados», es decir, de los «hechos» del 9-N y 1-O, principalmente.

Ya vemos. Una amnistía a la catalana. Se entiende, entonces, que este lunes durante la presentación del proyecto de ley orgánica haya quedado claro, en las intervenciones de los representantes políticos, que existe una «represión del Estado» hacia los independentistas (aunque tengan todos los resortes del poder autonómico catalán desde la restauración de la democracia en 1978) y que en España se aplica «el derecho penal del enemigo» (al que le aprueban los Presupuestos Generales del Estado, mientras tanto).

En esta línea, en este estilo tan «casolà», las 40.000 firmas recogidas por Amnistia i Llibertat se han «traspasado» a la iniciativa de Junts, el PDECat, ERC y la CUP. Herencia. Testigo. Tampoco es que uno espere que los 40.000 se hayan leído el articulado al que dieron su apoyo (aunque son apenas 19 páginas), pero de firmar a favor de una amnistía (como se entienden las amnistías en todo el mundo) han pasado a apoyar una amnistía... para ahondar en la división. El significado de las palabras, ese gran timo del nacionalismo.

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