Daniel Tercero - Dazibao

TV3

«Desde sus inicios, en 1983, Jordi Pujol concibió TV3 como una televisión que debía compensar lo que, desde el punto de vista del entonces presidente autonómico, era una injerencia cultural en español»

Un equipo de TV3 grabando en la calle ABC

Los medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña gastaron el año pasado 308.584.880 euros. La mayor parte de ese dinero provino de las arcas públicas y se destinó al principal canal de televisión: TV3. Como todo servicio público, la televisión autonómica catalana no está exenta de críticas y sufre la correspondiente fiscalización, principalmente, por parte de los partidos políticos de la oposición al gobierno catalán.

Desde sus inicios, en 1983, Jordi Pujol concibió TV3 como una televisión que debía compensar lo que, desde el punto de vista del entonces presidente autonómico, era una injerencia cultural en español (en aquellos años solo existía TVE) y, también, para poder tener un canal de información directo con el que llegar a la población para moldearla a su gusto. Se impuso la máxima falsa que todo nacionalista suelta a las primeras de cambio: «Todo el mundo es nacionalista». Y así se justificó todo tipo de atrocidades. TV3 nunca se creó para ser una televisión neutral. Se entiende, así, que los máximos responsables de la televisión y los que les nombran vean con naturalidad definir como «presos políticos» a unos acusados por rebelión en un país democrático y avanzado como es España. Y, por lo tanto, no pueden entender que la Junta Electoral les prohíba su uso, al menos, ¡al menos! durante el tiempo que dura la campaña electoral.

Ahora, en 2019, pocos se atreven a defender la calidad informativa e imparcial de la televisión autonómica pública. Por no tener, TV3 no tiene ni los contrapesos de los que sí disponen otras televisiones, como TVE o Telemadrid. No hay trabajadores organizados que critiquen el uso partidista y político que se hace de la cadena. ¡No digamos ya del canal 3/24! Los Comités de Empresa de TV3 y Catalunya Ràdio nunca han protestado, con casos concretos y fechados, por haberse convertido en medios parciales. Y los extrabajadores -aquellos que en privado reconocen las barbaridades que se están llevando a cabo- callan por miedo a ser señalados como botiflers, salvo valientes excepciones como Regina Farré.

Desde dentro, todo se plantea en términos apocalípticos. El que se mueva, es decir, el que hable, se va a galeras. Un término que en TV3 no es metafórico. Uno de los pocos empleados que se atreve a decir algo, eso sí, sottovoce, decía esta semana, con un tono abatido: «El único sufijo -ista que me interesa es el de periodista. Estoy muy solo en TV3 defendiendo la imparcialidad de la televisión. Lo paso muy mal». Otro lamentaba la imagen que estaban dando: «Me parece muy triste que todavía tengamos el lazo amarillo en el monolito de la entrada a TV3. Luego vamos de neutrales, imparciales e independientes. Pero la verdad es que nos retratamos con estos gestos impropios de una televisión pública. ¡No puede ser que quiten los lazos de los edificios públicos excepto el de la sede de la televisión pública!». Ni siquiera estos dos empleados se conocen, ni saben si se ven todos los días y, por lo tanto, callan por temor a que su opinión sea descubierta. Así es TV3 en 2019.

La televisión de la Generalitat de Cataluña tampoco cumple con una de las razones, más bien excusa -TVE ya emitía en catalán algunas horas al día cuando nació TV3-, que se esgrimió para su fundación: normalizar el uso del catalán en la región y que cada vez haya más hablantes. Nada más lejos de la realidad en el siglo XXI. La audiencia de TV3 es prácticamente catalanoparlante. Con una escuela pública exclusiva y obligatoria en catalán, cuando a los ciudadanos castellanoparlantes les dan a elegir optan por televisiones en español, que son plurales y variadas (en contenidos de calidad y de basura). Y los catalanoparlantes, por TV3, que tiene la exclusiva de las emisiones en catalán, pues no hay empresa privada que pueda competir contra un holding que maneje cada año más de 308 millones de euros para llegar a una población de poco más de 3,5 millones de personas en el mejor de los casos. Una exclusividad lingüística que, por otro lado, no se tiene en cuenta a la hora de valorar el liderazgo de TV3 en cuanto al share, ya que no solo no tiene rival lingüístico sino que los castellanoparlantes dividen sus usos entre los diferentes canales.

Pero la parcialidad política de TV3 (que se pone de relieve no solo en los informativos sino también en todo tipo de programa de entretenimiento) está haciendo mella, igualmente, entre la audiencia que tiene el catalán como lengua materna o de uso habitual. Lo reconoció y denunció Marta Ribas en el Parlamento de Cataluña a finales de 2018. Ribas es diputada de los comunes y responsable de fiscalizar los medios de comunicación públicos autonómicos desde el grupo de CatComú-Podem. «No es un tema sólo de constitucionalistas que dejan de ver TV3. Nuestros votantes, y la gente de mi entorno, han dejado de ver TV3 y de escuchar Catalunya Ràdio desde hace bastante tiempo», dijo, entonces, para añadir que entre la audiencia de los medios de la Generalitat hay «una disparidad absoluta entre los que han votado partidos independentistas y los que no». Parece razonable, pues así se concibió TV3 y se esfuerzan para que así sea. De hecho, la responsabilidad política de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, así como el resto de medios autonómicos públicos, solo ha estado en manos de CiU (y sus derivadas) y ERC.

El periodista Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es y presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall, acaba de publicar un brillante panfleto (122 páginas) titulado 50 «hazañas» de TV3 (Ediciones Hildy). El libro es una recopilación de 50 ejemplos de mala praxis periodística vistas en TV3 solo en los últimos tres años y medio. Como reconoce el propio autor en la introducción: «Nos hemos dejado muchas (barbaridades), porque son centenares las que se podrían publicar». Más de 308 millones de euros.

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