La «semana negra» de la banca catalana: Fainé, Oliu y la fuga de 12.000 millones tras el referéndum del 1-O
Caixabank y Sabadell enfrían la posibilidad de regresar a Cataluña y reconocen una fuga de saldos de 12.000 millones en la semana del referéndum
En las semanas posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y antes de la fallida declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de ese mismo mes, en Cataluña se produjo una estampida empresarial. Todas las firmas catalanas del Ibex -a excepción de la más internacionalizada, Grifols- y cientos de compañías trasladaron la sede social a otras comunidades autónomas (principalmente Madrid) huyendo de las consecuencias de la inestabilidad política. Casi dos años y medio después de aquel otoño negro catalán -en lo político y en lo económico-, el retorno de las empresas, pese a casos puntuales, no se ha producido (únicamente la más dependiente de los concursos públicos, Agbar, ha regresado). El balance más reciente estima en unas 5.000 las compañías que han abandonado la comunidad en este tiempo. Nada hace indicar que la situación vaya a cambiar: como resumieron ayer los máximos responsables de Caixabank y de Banco Sabadell en una inédita comparecencia en el Parlamento catalán, «no se dan las circunstancias».
Mensaje claro al independentismo, que siempre ha descrito el éxodo empresarial como uno de los episodios más eficaces de lo que califican de «guerra sucia» del Estado contra el «procés», un combate en el que las entidades bancarias catalanas habrían jugado un papel determinante, sometiéndose, según ese mismo relato, a las presiones políticas para trasladar la sede y propiciar un efecto arrastre que llevó al resto de firmas a seguir su ejemplo.
Sobre el mismo marco mental que ve conspiraciones en cualquier tropiezo del independentismo , los grupos secesionistas del Parlament - JpC, ERC y la CUP - y los comunes citaron ayer en la comisión de la Cámara catalana que analiza la aplicación del artículo 155 a Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa (máximo accionista de Caixabank); al presidente de esta última entidad, Jordi Gual, y al de Banco Sabadell, Josep Oliu. La pretensión de convertir la comparecencia en una encerrona con la que ajustarles las cuentas se acabó girando en contra del secesionismo, que vio como el relato de los comparecientes carcomía el esquema de la conspiración: no hubo presiones políticas, sino más bien un movimiento defensivo para salvaguardar el negocio. «Los ahorros de la gente son sagrados. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Y eso hicimos», zanjó el presidente de La Caixa.
Días de vértigo
La descripción de aquellos días de vértigo enseña que se estuvo muy cerca del abismo, y que si la pérdida de depósitos ya había comenzado durante el mes de septiembre, en los primeros días de octubre todos los indicadores se pusieron en rojo. Entre el referéndum del día 1 y el anuncio del traslado de Caixabank a Valencia (7 de ese mismo mes), la entidad perdió fondos por un valor de 7.000 millones de euros. Banco Sabadell, en el mismo periodo, perdió 4.600 millones, el 57% de los clientes con base en Cataluña.
«Teníamos una amplísima liquidez. Pero ese flujo de salida había que pararlo en seco o corríamos el riesgo de caer en un pánico bancario», reconocía ayer ayer el presidente de Caixabank , Jordi Gual, recordando unas jornadas en las que «la sensación era que no se sabía si la ley se aplicaría». «La gente tenía miedo», un miedo a la «inseguridad jurídica y a la doble legalidad» que nos acercaron al colapso. El mismo escenario que apuntó Josep Oliu (Banco Sabadell) para justificar una decisión que, insistió, en ningún caso fue política sino técnica -en su caso el anuncio del traslado a Alicante se produjo el 5 de octubre-. «No hubo presiones, ni del Gobierno ni de la Corona», apuntó Oliu desminitiendo otro de los mitos propagados por el secesionismo, el mismo que señala, basado en un informe elaborado por el Colegio de Economistas de Cataluña, que apuntaba a una retirada masiva de fondos de los bancos catalanes de empresas del Estado. «No sé en qué se basan para decir esto. Rotundamente no, la salida de depósitos fue básicamente de privados», zanjaron Gual y Oliu .
La comparecencia de ayer sirvió también para desmontar otro de los mitos del independentismo, el que señala que el llamado «decreto De Guindos» (6 de octubre de 2017) para facilitar la salida de empresas de Cataluña fue en realidad una jugada del Gobierno contra el «procés». Efectivamente, la pretensión era agilizar las salidas -para el cambio de sede ya no sería necesario el concurso de la junta de accionistas sino que bastaba con la del consejo de administración-, algo que en realidad fue una petición de las propias empresas catalanas. «Hablamos con el Gobierno, sí, como creo que hicieron otras», reconocía ayer Gual. Banco Sabadell no tuvo que esperar al citado decreto ya que sus estatutos ya recogían esta posibilidad, tal y como permitía la reforma de 2015 de la Ley de Sociedades de Capital, impulsada, también, desde Cataluña.
Saldos en positivo
Si algo quedó claro tras la comparecencia de ayer es que la decisión de marchar fue la acertada. A las tres semanas el saldo de depósitos ya estaba estabilizado, y a final de año ya estaba en positivo. Gual fue incluso más preciso. La estabilidad llegó con el traslado de sedes y la celebración de las elecciones autonómicas aparejadas al 155. Demasiada dosis de realismo para unos diputados que apenas pudieron balbucear su prédica «indepe» mientras los gestores de las entidades les explicaban prácticamente el ABC de la gestión bancaria. No fue un trago fácil, admitieron, pero la salvaguarda de los intereses de accionistas, clientes y trabajadores estaba por encima. «La decisión fue dolorosa», admitió Jordi Gual. «He luchado toda mi vida para un gran proyecto de banco catalán, el traslado fue algo totalmente frustrante», añadía antes el presidente del Sabadell .
El mensaje final es que si la salida fue técnica, pero motivada por la situación política que se produjo en ese otoño de 2017, el regreso a Cataluña sigue siendo una decisión técnica, pero que la política sigue impidiendo. «No se dan las circunstancias», zanjó Oliu. «Estamos muy bien en Valencia» , remató Gual. Se les entendió todo.
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