La Generalitat de Cataluña no asistirá a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes
La portavoz del gobierno autonómico recuerda al Gobierno que los independentistas no acudieron a las últimas dos reuniones
![Pere Aragonès, Meritxell Budó y Miquel Buch, hoy, escuchando a Carles Puigdemont por videoconferencia en el Parlamento de Cataluña](https://s2.abcstatics.com/media/espana/2020/02/04/Clipboard-0086-kX4C--1248x698@abc.jpg)
Al mismo tiempo que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado la convocatoria para este viernes de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) , la Generalitat de Cataluña ha indicado que el consejero del ramo catalán no acudirá al encuentro.
«No asistirá el consejero, tal y como tampoco asistió a las últimas dos reuniones» , ha señalado Meritxell Budó (JpC), portavoz de la Generalitat, en respuesta a una pregunta de los periodistas, durante la rueda de prensa del gobierno autonómico, al mismo tiempo que la atención a los periodistas en La Moncloa tras el Consejo de Ministros.
De esta manera, Pere Aragonès (ERC), vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, no asistirá a la reunión en la que se tratará, entre otros asuntos, los objetivos de déficit de 2020 para los ejecutivos autonómicos, paso previo para que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La decisión de Aragonès, adelantada por Budó, ha sido confirmada a ABC por fuentes oficiales de la Consejería de Economía y Hacienda pasadas las 18.00 horas, por lo que, con esta reunión, Aragonès sumará tres faltas en los últimos tres encuentos. Los dos anteriores fueron en julio y agosto de 2018.
Para el Gobierno, es prioridad aprobar cuanto antes los PGE, ya que son, en palabras de Montero, un «instrumento que permite poner números» a las prioridades del Ejecutivo «progresista» de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
En la reunión del viernes, el CPFF podría abordar también el asunto del IVA autonómico de 2017, unos 2.500 millones de euros que el Gobierno ha dado por zanjados al no haber podido aprobar la «solución» como consecuencia del rechazo a las cuentas públicas del año pasado. Una decisión que ha sido denunciada por distintos gobiernos regionales, tanto del PP como del PSOE , informa Ep.