Repartos en riesgo por las restricciones a los vehículos contaminantes de Barcelona
Los transportistas, muy afectados por la ZBE que se estrena el miércoles en Barcelona, piden seguir trabajando con sus vehículos hasta que se agote su vida útil
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Con las nuevas señales informativas colgadas y las cámaras de videovigilancia instaladas, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) Barcelona Rondas ya lo tiene todo listo para su entrada en vigor este miércoles 1 de enero. Aunque el despliegue está a punto, lo cierto es que muchos de los afectados directamente por estas nuevas medidas todavía no tienen claro cómo podrán seguir circulando por la ciudad ni han visto resueltas sus incertidumbres respecto a la medida ambiental.
Es el caso, por ejemplo, de los transportistas. Se trata de un sector muy autónomo: existen grandes flotas de más de 50 vehículos pero sobre todo pequeños empresarios y micropymes que se encargan de efectuar repartos, muchas veces con vehículos destartalados que sus ingresos no les permiten renovar. Se estima que en la provincia de Barcelona hay cerca de 13.000 empleados en el sector y que en toda Cataluña la flota de transporte de mercancías supera los 55.500 vehículos, la mayoría de los cuales se mueven por el Área Metropolitana y no cumplen con los estándares ambientales que rigen las ZBE.
«Somos muy conscientes de la crisis climática y queremos ser parte de la solución, pero las ZBE llegan tarde y de forma precipitada», expone a ABC Carlos Folchi, secretario general de la Asociación General de Autónomos-Pymes Transportistas de Cataluña (SGTC), que deja claro que «la ordenanza es inasumible por el sector». Según datos del Ayuntamiento, entre el 56 y el 59 por ciento de los vehículos de transporte de mercancías del área de Barcelona no dispondría del distintivo ambiental. «¿Quién va a encargarse de su trabajo?» , se pregunta.
Hipoteca en balde
«No nos pueden pedir un imposible: tienen que buscar otras soluciones porque lo propuesto hasta ahora es inviable», asegura a este periódico Jordi Escarrà, uno de los afectados por las ZBE. Hace casi cuatro años, le robaron el camión con el que trabajaba como autónomo para una agencia de transportes y con miedo y gran esfuerzo pudo firmar una segunda hipoteca para adquirir otro vehículo de segunda mano . Un camión que desde el 1 de enero tendrá el paso prohibido por la zona que trabaja, el área de Barcelona y sus cinturones. Con 61 años, su mujer en paro y dos hijos, el enfado es mayúsculo con una medida que sabe que puede dejar a muchos compañeros sin trabajo. Por eso, es partidario de manifestarse, y si hace falta, convocar una huelga general. En el sector, por ahora, no se ha hablado abiertamente de tal extremo.
Para los transportistas, y de acuerdo con la ordenanza municipal recién aprobada, la renovación de la flota es la única solución a la nueva situación con la que se encontrarán a partir del miércoles, pero la reconversión que se pide al sector es imposible, aseguran. Tampoco resuelve nada, denuncian los afectados, la moratoria de un año sin restricciones que se da al sector.
La situación afecta a otros colectivos que también trabajan con furgones y camiones, como carpinteros y cerrajeros. El Gremio de Cerrajeros de Cataluña, con más de 200 asociados, remarca que el sector suele moverse con vehículos industriales y que se ha notado una creciente incertidumbre, sobre todo de aquellos que están fuera de Barcelona y van al área metropolitana a realizar servicios. «Hay preocupación porque ven seguro que les cambiará su día a día en según qué circunstancias», exponen desde el Gremio.
Folchi lamenta que, sea antes o después, quedarán en una situación de «absoluta inseguridad jurídica». «Nos obligan a cambiar vehículos pero tampoco nos dan la seguridad de que los nuevos nos sirvan en cinco años . ¿Cómo compras un Euro 6 si no sabes si en poco tiempo pasará a no ser válido?», se pregunta.
La compra, si es que uno se la puede plantear, no es para nada barata. A modo de ejemplo, un vehículo ligero (como un furgón de menos de 3 toneladas) del modelo Euro 6 puede costar unos 30.000 euros y un vehículo pesado (como un camión) fácilmente puede llegar a los 80.000 o 100.000 euros . Eso, sin hablar de los plazos de entrega, que pueden alargarse como mínimo 4 o 5 meses. Ante esto, los afectados echan especialmente en falta medidas de apoyo al sector. «Al fin y al cabo, los usuarios de vehículos tienen la alternativa del transporte público, pero el transporte de mercancías por carretera no», explica Folchi.
Además, cabe destacar el envejecimiento del transportista, una profesión con muchos empleados en su etapa laboral final a los que tener que dejar de usar su vehículo que funciona para comprar uno nuevo para usarlo pocos años puede hacérsele una montaña (sobre todo económica). Aunque en el sector se nota nerviosismo y es evidente que algunos ya están consultando nuevos modelos, también es cierto que las decisiones de compra se han postergado a la espera de tener más concreción sobre los vehículos afectados más adelante, cuentan a ABC fuentes del sector.
Los filtros, un «parche»
En este escenario, además, cogen su protagonismo los filtros y catalizadores de gasolina cuya instalación podría ayudar a estos vehículos a ser menos sucios y, quizás, poder circular por Barcelona si las administraciones lo llegan a permitir. Aunque de momento no es así, el Consistorio sigue dejando en el aire esta posibilidad. Con todo, esta tecnología resulta cara, de hasta 5.000 euros, en vehículos pesados, y muchos cuestionan que solo supondría un «parche» pero no la solución al problema.
Los transportistas son conscientes de que las administraciones están enfocando sus discursos hacia la compra de vehículos eléctricos . Sin embargo, este tipo de furgonetas justo empiezan a ser una (costosa) realidad o ni existen en el caso de los camiones, cosa que también lamentan que no se haya tenido en cuenta a la hora de elaborar la normativa específica que les restringe el paso en las ZBE.
Por todo ello, el sector se encomendó a exigir, hasta ahora sin éxito, que lo que son sus herramientas de trabajo, sus vehículos, puedan seguir circulando hasta que se agote su vida útil y que quede únicamente prohibida su reventa. «Solo pedimos amortizarlos y el sector se irá renovando de forma progresiva», incide Folchi.
