Colau se escribe con «K»

Barcelona vuelve a ser noticia y no por grandes titulares que relancen a la ciudad al camino de la ilusión y la recuperación tras la pandemia. Desgraciadamente para los barceloneses nuestra ciudad, una vez más de la mano de nuestra «alkaldesa» es noticia por su amiguismo con el colectivo okupa y por sus malas prácticas en la gobernanza de la ciudad.

Dos son las noticias que se suman a la lista de catástrofes que acumula la «alkaldesa» y que nos vuelven a recordar que estamos en manos de unos irresponsables que anteponen su ideología al interés general y a la supuesta buena gestión de quien nos debe gobernar.

Pues bien, el suma y sigue va de okupas. La activista Colau y que no ha mudado aún de piel tras 7 años al frente del Ayuntamiento, lo ha vuelto a hacer, y ha vuelto a ser imputada junto a otros miembros del gobierno municipal por presuntos delitos de coacciones y prevaricación. Envueltos en la falsa defensa de la emergencia habitacional parece ser que se dedicaron a coaccionar a la empresa propietaria de un edificio okupado para forzarles a ceder esos pisos con alquileres sociales y así evitar el desalojo, y con la amenaza de si no… ojito… «que no os concedemos otras licencias paralizadas por el Ayuntamiento». De acreditarse en sede judicial estos hechos serían gravísimos.

Y el otro ladrillo en el gran muro de despropósitos que está levantando la «alkaldesa» para consagrar a Barcelona como el epicentro de la okupación, nos encontramos con el renovado asunto del Casal Popular Tres Lliris de Gracia. Esta antigua comisaria de la Policia Nacional y que fue okupada en 2015 y a la que el consistorio acaba de renovar el convenio a los okupas que tenía que expulsar por una orden de cese de actividad, por impago de alquiler, por más de 30 denuncias de vecinos y 78 actuaciones de la Guardia Urbana por incidentes varios. Increíble verdad? Pues sí… cuando se firmó el primer convenio en el año 2017 se acometieron unas obras que oscilaron los 95.000 euros antes de entregarles la propiedad a los okupas. Se han dedicado a impagar el importe de 600 euros al año pactado… si, si… al año! Han sido denunciados en numerosas ocasiones por celebrar fiestas ilegales, conciertos, incluso en medio del confinamiento… Y frente a todo eso que hace el Ayuntamiento? Renueva el convenio y se compromete a insonorizar el equipamiento para que los okupas puedan celebrar conciertos con la correspondiente licencia de actividad.

Pues eso… nosotros a seguir pagando impuestos para que nuestra «alkaldesa» siga promocionando Barcelona, nuestra ciudad, a sus entidades y colectivos amigos. Tenemos a una alcaldesa reincidente en esto de las imputaciones. Tenemos a una alcaldesa activista de la okupación ilegal. En definitiva, para nuestra desgracia tenemos una alcaldesa Colau que se escribe con «K».