La okupada Casa Buenos Aires, desalojo tras años de acoso a la propiedad consentido por Colau
Los propietarios están convencidos de que la motivación que hay detrás de las trabas del Ayuntamiento es que Sostre Cívic, una subvencionada cooperativa próxima a la alcaldesa, quería hacerse con el inmueble y llegó tarde
Bajo el gobierno de la actual alcaldesa, Ada Colau , comprar un inmueble en Barcelona es lanzar una moneda al aire. Plantear además esta compra como una inversión es una temeridad. La impunidad okupa cuenta, de un lado, con la pasividad policial, y del otro, con la complicidad municipal, tanto por motivos ideológicos como de amiguismo subvencionado. Hace tiempo que el espíritu de la Ley ha sido sustituido por los manejos de lo que sólo puede calificarse de auténtica mafia.
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En 2018, un grupo de inversores del barrio compró la casa Buenos Aires de Vallvidrera, construida en 1886 para albergar un hotel y reformada en 1910 por el reconocido arquitecto modernista Jeroni Granell, autor de los vitrales del Palau de la Música . El edificio no está catalogado patrimonialmente, pero los nuevos propietarios, a pesar de no estar obligados a ello, quisieron salvaguardar su belleza y presentaron un plan de rehabilitación, para finalmente establecer el hotel, que era para lo que el edificio fue construido a finales de siglo XIX. El Ayuntamiento de Barcelona no aprobó el plan, por no ajustarse a la normativa ni su altura ni su linde de fachada a la calle, e indicó a sus promotores que si querían un hotel, tendrían que derruir el edificio y levantarlo de nuevo.
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— ABC Barcelona (@ABC_Barcelona) November 2, 2020
Siguiendo por lo tanto las indicaciones municipales, la nueva propiedad solicitó una licencia de derribo, obteniendo el consiguiente certificado urbanístico e informe favorable para la construcción de un hotel de cinco estrellas así como la reserva de licencia para una capacidad 150 camas. También consiguió el visto bueno de la entidad de control homologada por la Generalitat de Cataluña.
A los pocos meses de todo ello, tomaron el inmueble unos okupas, y cuando la Policía compareció pasadas unas horas, avisada por los dueños, los vándalos mintieron que llevaban cuatro días instalados. Sin previa comprobación, los agentes abandonaron la casa y pidieron a la propiedad que denunciara la ocupación y literalmente dijeron que «con este gobierno -refiriéndose al de Ada Colau- tenemos las manos atadas». Una vez más quedó clamorosamente suspendida la más elemental idea de propiedad privada en Barcelona y en Cataluña.
Mientras se resolvía judicialmente semejante atropello, la teniente de alcalde y directora de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, se puso en contacto con los propietarios para comunicarles su oposición al derribo del edificio, en total contradicción con su primera instrucción. Se desató a partir de entonces una insólita y cruda intimidación municipal, mezclando ofertas y amenazas veladas. Cada vez que la propiedad aceptaba alguna de las propuestas que Sanz hacía -una oferta de 5 millones de euros para comprar el edificio, la construcción de pisos en lugar de un hotel y una permuta con los terrenos de la vía Augusta frente al Institut Químic de Sarrià-, Sanz argüía entonces que aquella oferta ya no estaba sobre la mesa y las conversaciones volvían a encallarse. Los dueños están convencidos de que la simpatía de la acladesa con la causa de los okupas es sólo una cortina de humo, en tanto que el principal argumento de los asaltantes era el de «proteger» un edificio modernista, que es justo lo que el Ayuntamiento había ordenado inicialmente. Los propietarios están convencidos de que la verdadera motivación que hay detrás de las trabas de Colau y de Janet Sanz es que Sostre Cívic, la subvencionada cooperativa próxima a la alcaldesa, quería hacerse con el inmueble y llegó tarde.
Contribuye a este convencimiento que la última propuesta de la directora de Urbanismo fue ya una amenaza: el cambio de calificación urbanística, y que de la actual 20/10 (para vivienda unifamiliar) pasaría a la 7A/7B (para equipamientos). La Casa Buenos Aires tiene 2.200 metros construidos y 4.300 de jardín. Se podrían llegar a construir 3.900 metros, pudiéndose vender a 7 millones de euros, en lugar de los 3,5 que como mucho se podrían obtener en la caso de que se hiciera efectivo el cambio de planeamiento. Al negarse los dueños a ceder, Sanz y otros cargos municipales les amenazaron con la expropiación forzosa.
Hartos de la burla y del atropello, los propietarios han interpuesto contra Colau y Sanz una querella criminal por prevaricación y abuso de poder, convencidos de que su intento de cambio de calificación es ilegal y con la sospecha de que responde al espurio interés de que sus «amigos» de Sostre Cívic puedan comprar más barato.
Más feliz y justa fue la resolución judicial que obligó a desalojar a los okupas de la casa. La Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos se tuvo que emplear a fondo ante la resistencia de los delincuentes. Sus supuestas actividades culturales se demostraron completamente falsas tras la liberación del edificio, que se encontraba en una situación de lamentable insalubridad.
Era el museo de la dejadez, de la suciedad, en un milimétrico paralelismo con sus vidas y su ideología. Todo estaba destrozado, nada estaba limpio ni cuidado. Montones de ropa que parecía abandonada. La mugre era un prólogo a la aparición de las ratas. Hedor a todo tipo de sustancias, ninguna saludable y casi ninguna legal . El estado en que los propietarios encontraron su casa era la negación de la cultura, de la Civilización y por supuesto del aseo. Todo estaba destruido, como si de hecho el Ayuntamiento les hubiera concedido la licencia de derribo. Para rescatar la belleza modernista del inmueble, que los okupas decían proteger, será necesaria una muy bien dotada brigada de limpieza y varios camiones de basura.
Las supuestas actividades de los okupas consistían en conciertos y fiestas donde se superaba de largo el aforo permitido de 6 o 10 personas -dependiendo de las restricciones de cada momento-, llegando a reunir una noche a más de 60. Además, cuando todos los establecimientos legales estaban obligados a cerrar a una hora en punto, se vendían de forma fraudulenta comida, alcohol y otras sustancias. El jolgorio se alargaba mucho más allá de la 1 de la madrugada y posteriormente del toque de queda. Cuando en una de estas concentraciones, manifiestamente ilegales, los propietarios llamaron a los Mossos , los agentes acudieron, pero se retiraron sin realizar intervención alguna, porque «como eran muchos, tuvimos miedo de que en respuesta por nuestra actuación quemaran la casa».
En la Barcelona de Ada Colau, los delincuentes están al mando. Por pasividad, por intimiadación o por complicidad gubernamental. La tan reclamada transparencia se vuelve opaca, por no decir truculenta, cuando de sus intereses políticos o personales se trata. La iniciativa privada está contra las cuerdas, a un paso de volverse clandestina, y con ella la creación económica y los puestos de trabajo que sin duda un hotel como el que ya casi estaría terminado en la casa Buenos Aires habría generado. La ciudad de los manteros, los okupas y los amigos de la alcaldesa es una ofensa a cualquier expresión de talento, a cualquier actividad empresarial y a cualquier persona honrada, y se va todo impregnando de un insufrible hedor a miseria.
