El Constitucional acota pero no tumba el código tributario catalán

Lo que ha hecho esta vez el tribunal ha sido pulir, que no tumbar, la enésima iniciativa legislativa catalana que acaba en su mesa por sospechas de anticonstitucionalidad. A propósito del Código Tributario Catalán, que promovió el entonces presidente de la Generalitat y ahora prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado algunos de sus artículos, ha validado varios y ha dado pautas para la interpretación y aplicación de otros para que no desborden el marco de la Carta Magna. El pronunciamiento llega después de un recurso que en septiembre de 2017 acabó presentando el Gobierno del entonces presidente, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de esa norma.

El gobierno de Carles Puigdemont había impulsado el Código Tribunal catalán c on el ánimo de perfilar una Hacienda propia , pocas semanas antes de impulsar las bautizadas como «leyes de desconexión» y el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. Por eso, el Ejecutivo de Rajoy puso en la mesa del Constitucional uno de los artículos de esa ley 17/2017 del código tributario y determinadas disposiciones que consideraba que pretendían vulnerar las competencias exclusivas del Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles en materia de legislación civil, hacienda y administraciones públicas.

Sin embargo, la enmienda del pleno del TC, en una sentencia dictada por unanimidad, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, se limita a estimar parcialmente ese recurso de inconstitucionalidad , sin tumbar el código como tal, y simplemente estableciendo ciertas pautas, sobre todo en lo relativo a determinados preceptos en los que la Generalitat desbordaba sus competencias. Son cuestiones como el poder que la Generalitat se atribuía para regular los plazos de prescripción o para «entenderse» con el cliente, en cuanto a la determinación de derechos y obligaciones tributarias. Y también algunos aspectos relacionados con el ámbito temporal y los criterios de interpretación de las normas tributarias que hacía el código catalán.

El Tribunal Constitucional, por contra, desestima otras impugnaciones en las que el Gobierno de Rajoy consideraba que existía una extralimitación competencial , pero no así la sentencia. Así por ejemplo, avala la facultad de la administración catalana para dictar disposiciones interpretativas y la facultad de la Agencia Tributaria de Cataluña para obtener de los ayuntamientos catalanes datos de «trascendencia» tributaria «para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias».

En síntesis, la sentencia acota las funciones de la agencia tributaria catalana , dejando claro que la ley en cuestión solo afecta a los impuestos autonómicos, y siempre como un subsistema dentro del único sistema tributario, que es el estatal. Eso sí, avala el Código Tributario catalán como tal, pese a que al principio el sector más conservador del tribunal era partidario de lo contrario.

Por otra parte, el PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del gobierno de Quim Torra, al considerar que vulnera el derecho a la propiedad privada y entiende que la Generalitat contraviene un derecho fundamental que se aplica a todo el Estado. Lo anunció ayer en rueda de prensa el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, para quien esa norma es «un ataque frontal» al derecho a la propiedad privada . En una comparecencia ante los medios en el Parlamento catalán, Fernández dijo que no permitirán «que Cataluña se convierta en una especie de paraíso okupa inédito en el resto de Europa», a la vez que «un infierno» para los propietarios.

El pasado mes de febrero, el Consejo de Garantías Estatutarias consideró inconstitucional el decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado por el gobierno catalán.