Colau ha reducido un 24% la sanciones por incivismo
El grupo municipal del PP denuncia que la alcaldesa ha favorecido la impunidad
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, criticó ayer que el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reducido un 24,18% el importe de las sanciones por incivismo respecto al año 2014. Fernández lo denunció en una rueda de prensa, en la que ha explicó que el consistorio ha disminuido la recaudación de 18,03 millones de euros en 2014 a 13,62 en 2015, 4,6 millones menos, por lo que señaló que el ejecutivo municipal «se ha relajado», informó Ep.
El líder del PP destacó que en procedimientos ordinarios -con importes superiores a 1.000 euros- se ha producido una reducción del 74,81%, mientras que en las inferiores -con importes inferiores a 1.000 euros- hay una disminución del 18,4%.
Fernández detalló que hay varios importes de las sanciones que se han reducido: mendicidad, un 46%; escupir, 39%; relaciones sexuales con retribución, 63%; orinar, 15%; defecar, 34%; ir desnudo, 43%; consumo de alcohol en la vía pública, 87%, y un 92% por incumplir las órdenes de un agente.
«Quizá de un año para otro los barceloneses y los que visitan la ciudad se han vuelto cívicos y obedecen a los agentes», ironizó Fernández, quien insistió en que el Gobierno municipal ha favorecido una impunidad casi absoluta en la ciudad , según él.
También el top manta
El presidente del grupo municipal del PP señaló que en 2015 se redujeron un 20,28% el importe de las sanciones por venta ambulante sin autorización -11,17 millones en 2014 y 8,9 en 2015-, lo que consideró paradójico en pleno debate sobre el top manta. «La ciudad se ha convertido en un zoco debido a la permisividad de Colau», insistió.
Fernández subrayó que el Ayuntamiento recauda un 32% más por multas de tráfico de lo que el mismo consistorio había presupuestado. En este sentido, expresó que el Gobierno municipal sólo cobra el 13% del importe las sanciones que se imponen, pero que no es así en el caso de las multas de tráfico.
Finalmente, preguntó al ejecutivo municipal cuántos equipamientos públicos operan actualmente sin licencia de actividad, en relación a la orden de cierre por parte del Ayuntamiento del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca por no contar con la licencia adecuada ni las medidas de seguridad requeridas. «Es sorprendente que en algunos centros reclamen licencia de actividades y en otros queden exentos de su obtención», criticó el edil del PP, y advirtió de que el ejecutivo de Colau podría estar rozando una prevaricación penal con su decisión sobre el CIE.
