Colau gastó más de 21.000 euros en 2017 a ayudar a vender VPO
El PP denuncia que se externalice una función que debería ofrecer el Instituto Municipal de Vivienda
El Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau recurre a los servicios de una empresa externa para reforzar la comercialización de la vivienda pública que tiene en venta el hasta hace poco Patronato Municipal de la Vivienda (PMH, por sus siglas en catalán), que se ha rebautizado como Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona. El gobierno municipal gastó durante el año pasado más de 21.370,86 euros en contratos con esta finalidad , según se desprende de los datos de la Cuenta General de 2007 a los que ABC ha tenido acceso.
En concreto, el consistorio emitió en enero, febrero y marzo del año pasado tres facturas de 7.123,62 euros respectivamente en conceptos de «Refuerzo a la comercialización de vivienda del PMH» . Todas ellas van a nombre de Pyrenalia Net Center, el «call center» de Pyrenalia, una consultora especializada en tecnología y externalización de servicios, que se dedica a dar soporte a los procesos de alquiler o venta de los pisos públicos de Barcelona. Se calcula que su cartera es de unos 7.000 inmuebles.
Los acuerdos tienen por objeto, según ha sabido este periódico, el refuerzo de la comercialización de forma directa de las viviendas del Patronat con derecho de superficie, así como en otros regímenes de cesión, con el objetivo de conseguir el mayor número de adjudicaciones en el menor tiempo posible .
La externalización de estos servicios, de hecho, no es obra del equipo de Ada Colau, ya que durante la etapa del anterior gobierno, del convergente Xavier Trias, ya se contrataron los servicios de Pyrenalia para ayudar en los procesos de inscripción al registro de solicitantes de vivienda de protección oficial. También en 2016, el consistorio cerró un contrato similar con la misma compañía por valor de 78.359 euros.
Lo contradictorio del caso es que esta externalización para comercializar pisos choca frontalmente con las políticas de municipalización que el gobierno Colau intenta extender, y más en un campo, el de la vivienda -prioritario para la alcaldesa-, que no debería requerir de ayuda externa. Paradójicamente, el PMH no cumple como entidad pública y como gestora de viviendas de protección oficial con uno de sus principios básicos.
«Mala gestión»
El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento exige conocer cuántas empresas trabajan en este tipo de servicios para el consistorio. Su líder, Alberto Fernández, denuncia que se están destinando 21.000 euros a una función «que se debería realizar desde el propio Instituto Municipal» y destaca que con estas actuaciones se constata «la mala gestión de una alcaldesa que ni ha parado los 4.000 desahucios anuales, ni ofrece soluciones reales en vivienda».
«Mientras Colau se gasta dinero en comercializar pisos con un externo, pretende que las inmobiliarias cedan un 30% de los edificios nuevos para viviendas sociales , una medida que no garantizará la construcción y además encarecerá la vivienda de libre mercado y ahuyenta inversiones en Barcelona », sentencia el líder popular.
