La «chapuza» de Glòries costará diez veces más de lo previsto

De proyecto estelar a «chapuza» colosal. La demolición del anillo viario de Glòries, en Barcelona, el proyecto quizás más grande que la capital tiene ahora en marcha, sigue generando polémicas, especialmente, la construcción de los túneles por donde tiene que quedar desviado el tráfico que antes pasaba por el tambor. Poco después de conocerse, a partir de una auditoría municipal, que las obras acumulan un gran retraso y sobrecoste , ayer el pleno municipal decidió investigar la adjudicación de los trabajos.

La medida, propuesta por Cs, fue aprobada por unanimidad y contempla presentar un nuevo plan financiero con los costes iniciales, finales y sobrecostes , así como garantizar que las obras seguirán adelante, pese a todo. Más allá del texto en sí, el debate abierto ayer en el pleno sirvió para que gobierno actual y anteriores se reprocharan sus acciones en el anillo viario.

Así, el actual concejal de Arquitectura –también vicepresidente de Bimsa y redactor del primer proyecto de Glòries, en 2003–, Daniel Mòdol, denunció que los trabajos «costarán exactamente diez veces más de lo que estaba previsto» en el primer proyecto , cuando ascendían a 10 millones. Muy crítico en otras ocasiones, como lo fue con la Sagrada Familia –a la que tildó de «mona de Pascua»–, Mòdol se refirió abiertamente del proyecto como «chapuza» y aseguró que se trata de la «crónica de un fracaso anunciado».

Según Mòdol, existen «múltiples informes técnicos» elaborados entre 2007 y 2011 que avisaban de «que estábamos haciendo una ruina de obra» y que ya decían «que nos pasaría lo que está pasando». Con ello, reprochó al anterior gobierno, de CiU, no hacer caso de los informes que desaconsejaban el proyecto . Por ese motivo, pidió hacer «un juicio político» por una obra «que no aporta nada y por la que estamos tirando dinero». Tras el pleno, el grupo Demòcrata –como se denomina ahora la anterior CiU– exigió los estudios mencionados.

La concejal de Urbanismo, Janet Sanz, dejó claro durante el debate que el Ayuntamiento está estudiando qué medidas legales adoptar sobre el caso y que además reclama a la Unión Temporal de Empresas (UTE) –que lleva a cabo las controvertidas obras– el «cumplimiento estricto del contrato» vigente. La edil d escartó que se esté valorando como solución parar los trabajos y puntualizó que esto sólo ocurriría si se rescindiese el contrato e hiciera falta convocar un nuevo concurso.