Barcelona suspende la concesión de licencias para el alquiler turístico de habitaciones
El Ayuntamiento exige que la Generalitat «rectifique» el decreto ley que desde esta misma semana legaliza estos alojamientos en Cataluña
Nuevo veto del Ayuntamiento de Barcelona a la creación de nuevas plazas turísticas en la ciudad. El gobierno municipal ha anunciado este martes que ha suspendido, como mínimo durante un año, la concesión de licencias para el alquiler de habitaciones turísticas , una medida preventiva con la que el equipo liderado por Ada Colau pretende anticiparse a posibles problemas relacionados con estos alojamientos que un decreto de la Generalitat legaliza por primera vez en Cataluña.
«Lo que hacemos con esta iniciativa es curarnos en salud «, ha defendido la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo e Infraestructuras, Janet Sanz, durante una comparecencia semipresencial para explicar la suspensión de licencias prevista, que podría alargarse hasta 2022. »Nos blindamos para no tener sorpresas ni arriesgarnos a contenciosos«, ha insistido.
La normativa autonómica, que fue publicada a principios de agosto y que precisamente entra en vigor este miércoles, ya despertó reticencias entre el gobierno liderado por Ada Colau cuando a principios de año se aprobó. Con este trámite municipal, el Ayuntamiento se blinda y no podrá formalizar ninguna petición de regularización de las habitaciones turísticas.
Entre los argumentos para frenar la expansión de este tipo de alojamientos, Sanz ha destacado que hace falta «una regulación restrictiva que realmente ponga límites a la especulación y que no sea una legislación dictada al servicio de plataformas como Airbnb«. »No podemos pensar que las habitaciones turísticas no impactan en el mercado de la vivienda. Impactan, lo alteran, porqué son actividades mucho más rentables y porqué sustituyen la oferta por la vivienda habitual«, ha criticado la concejal.
Los responsables del consistorio también lamentan, a grosso modo, que el plan únicamente marca directrices generales y deja a los ayuntamientos la responsabilidad de controlar estos alojamientos turísticos sin facilitarles, según los portavoces barceloneses, los recursos ni competencias necesarias para su control. Por todo ello, exigen a la Generalitat que modifique el decreto ley y además, a la vez, anuncian que el equipo municipal preparará una regulación al respecto.
El reglamento que entra en vigor este jueves permite al propietario de una vivienda en Cataluña inscrito en un registro turístico municipal realizar la actividad económica de alquilar simultáneamente hasta a cuatro turistas habitaciones por períodos máximos de 31 días no encadenados los 365 días del año.
