Barcelona prohíbe la apertura y ampliación de pisos turísticos
El gobierno de Colau quiere evitar que el alquiler de habitaciones turísticas que la Generalitat quiere regularizar prolifere en la capital catalana
Blindaje total ante la apertura de nuevos pisos turísticos en Barcelona. El Ayuntamiento liderado por Ada Colau ha aprobado suspender durante un año los permisos para abrir o ampliar pisos turísticos . El gobierno municipal, que en el pasado mandato impulsó una controvertida normativa contra la generación de nuevas plazas turísticas –el conocido, y ahora suspendido aunque recurrible, como Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT)–, espera evitar con esta medida que el futuro reglamento turístico que está ultimando la Generalitat pueda suponer una puerta al aumento de la oferta.
El PEUAT, de hecho, restringe en su articulado la creación y ampliación de hoteles y pisos turísticos. Estos últimos han proliferado en Barcelona –este año acumulan ya sus mejores cifras de ocupación de la historia , con un crecimiento del 14,2% entre enero y agosto– hasta el punto de existir a día de hoy, y sin contar con los que todavía operan de manera ilegal , a 9.591 espacios regularizados.
«Una actividad alegal»
En el fondo de la cuestión está que el nuevo Decreto de Reglamento de Turismo de la Generalitat pretende, entre otros aspectos, legalizar el alquiler de habitaciones , una tipología de alojamiento que la regulación existente no contempla. «El Govern quiere legalizar una actividad que ahora mismo es alegal y saben que lo están haciendo sin incorporar las demandas y exigencias» que puedan tener los municipios, expuso este viernes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz.
«Hacemos este refuerzo de la normativa para dejar el mensaje claro de que queremos controlar lo que pasa urbanísticamente en relación a los pisos turísticos y en relación a las habitaciones», puntualizó la concejal, que remarcó que el paso dado con la suspensión es básicamente una medida «de máxima seguridad»y con carácter preventivo.
Por todo ello, más allá del blindaje, el Ayuntamiento espera poder hablar con la Generalitat sobre el alquiler de habitaciones para evaluar la incidencia que pueda tener y evitar sus efectos negativos. Sanz pidió una reunión urgente con la consejera catalana de Empresa, Àngels Chacón, y exigió que el futuro decreto recoja las demandas municipales .
La concejal confió además en que el gobierno catalán no trabaje «de espaldas a la ciudad , que afronte la situación problemática» que, según ella, se vive en Barcelona, y luche para dar herramientas para defender a la ciudad de operaciones mercantilistas. Paralelamente, el Consistorio se comprometió a estudiar en el plazo de un año la modificación de la regulación municipal turística.
La medida indignó especialmente a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), que lamentó en un comunicado que «en lugar de cerrar los ojos a la realidad con moratorias mal planteadas, el Ayuntamiento haría bien de trabajar conjuntamente con el sector una regulación que permita a la ciudad alcanzar unos objetivos compartidos por todos: ordenación, control, calidad, convivencia, sostenibilidad e impuestos», exigió el presidente de Apartur, Enrique Alcántara.
Apartur reivindica la colaboración público-privada como una fórmula de éxito para la ciudad y lamentó «que se acumulen ya seis años en la búsqueda de una regulación para todos». Una vez más, tendió la mano al consistorio para buscar soluciones conjuntamente.
