Barcelona pondrá más presión a empresas y turismo para rebajar la contaminación
El Consistorio decreta la emergencia climática y espera rebajar en 826.000 toneladas de emisiones hasta 2025
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El Ayuntamiento de Barcelona decretó este miércoles la «emergencia climática» en la ciudad con una batería de medidas bajo el brazo con las que espera haber conseguido en 2030 reducir en un 50% las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a 1992, más de lo previsto hasta ahora. Sin embargo, la mitad del centenar de acciones que se quieren impulsar no están en manos municipales , por lo que el paso dado es más un toque de alerta en la lucha contra la contaminación y una declaración de intenciones que un programa fácilmente aplicable.
Buena parte de las tareas pendientes, de hecho, meten presión a otras administraciones, entes privados o los propios ciudadanos. Ejemplo de ello es la todavía mayor restricción del tráfico rodado a la que se aspira con menos carriles y más verde, misión que afecta a las rutinas de los vecinos y que está estrechamente ligada a la promoción del transporte público y al impulso, entre otros, de la Línea 9 o la conexión de tranvías, que dependen de las arcas de la Generalitat.
El consistorio quiere, además, que la actividad económica tenga su corresponsabilidad en la lucha contra la contaminación. Así, se promoverán más ayudas para la rehabilitación de edificios , se implementará un «presupuesto de carbono» y se estudiará «la capacidad de carga turística de Barcelona en términos de sostenibilidad, climáticos y sociales» para que las emisiones de la actividad vayan a menos, dice el proyecto.
También se trabajará para eliminar los plásticos de un solo uso , cuestión que en la práctica depende de Govern y Gobierno. Además, se insta a Mercabarna a abrir un mercado mayorista de alimentos frescos ecológicos y un centro de reaprovechamiento alimentario.
Polémica con el Puerto
Entre las medidas también se incluyen doce puntos que piden la reducción del impacto ambiental del Puerto de Barcelona y el Aeropuerto Barcelona El Prat , con acciones como electrificar las instalaciones, fomentar las energías renovables o penalizar fiscalmente a barcos y aerolíneas más contaminantes. Unas acciones que, según aseguró anteayer el Consistorio, podrían ayudar a reducir las 5,3 millones de emisiones de CO2 que se le imputan al Puerto y que llevaron ayer a su dirección a emitir un comunicado especialmente crítico.
De hecho, la autoridad porturaria lamentó la «manipulación» de datos hecha por el gobierno de Ada Colau y puntualizó, con un desglose completo de cifras, que sus emisiones directas e indirectas representan unas 315.000 toneladas al año. El Puerto, además, dejó claro su «compromiso firme» con la sostenibilidad.
«Nadie puede quedar al margen de su responsabilidad» , apeló la alcaldesa a administraciones, entes y privados durante el acto institucional de la declaración. Colau insistió en que «pensar que se pueden poner los intereses económicos por delante de la vida es un error: el sistema económico tal y como lo hemos conocido hasta ahora no ha funcionado», criticó en un dardo indirecto a grandes empresas e infraestructuras.
Más «superilles» y «refugios climáticos»
La declaración deja en manos municipales los planes urbanísticos, entre los que destaca la transformación de 15 kilómetros de calles en ejes verdes -sobre todo con una nueva oleada de «superilles»- o el recién anunciado proyecto para pacificar las puertas de 200 colegios durante este mandat o. Aunque más peculiares, también se prometen medidas para activar 100 «refugios climáticos» -o lo que es lo mismo, espacios que se puedan usar en casos de clima extremo- o para fomentar en los comedores escolares más comida «eco» y menos carne roja.
El ciudadano, por su parte, también se verá directamente interpelado con iniciativas varias como una nueva estrategia de aparcamientos o un futuro sistema personalizado para fomentar la recogida selectiva. En ambos casos, el ciudadano menos «eco» se verá penalizado.
En total, el Ayuntamiento prevé destinar un total de 563 millones de euros hasta 2025 para implantar las medidas, con las que se espera reducir un más de 826.600 toneladas de emisiones de CO2 hasta 2025, y casi dos millones hasta 2030. «Se nos acaba el tiempo y tenemos que actuar de manera urgente, no hay atajos, porque algún día tendremos que explicar qué hicimos y qué no. Esto no es un simulacro», sentenció Colau, poniendo énfasis en esta última frase, que es la que protagonizará la campaña de concienciación ciudadana.
