Barcelona endurece la presión a Airbnb por los pisos ilegales

Nuevo capítulo de la guerra entre el Ayutnamiento de Barcelona y la plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb. El gobierno municipal de Ada Colau convocó ayer a otras plataformas similares, como HomeAway, Booking, Rentalia o Tripadvisor para avalar su oferta de alojamiento, pero Airbnb no estuvo en la cita, en un gesto que quiso poner en evidencia a «quienes lo hacen bien» y quienes no.

Tras el encuentro, la teniente de alcalde Janet Sanz reprochó a Airbnb no haber expresado un claro compromiso ni haber impulsado mecanismos para combatir la oferta de pisos ilegales en su plataforma. Sanz apuntó que el ayuntamiento mantiene una interlocución con Airbnb -han celebrado cuatro reuniones en los últimos meses-, «pero no hay un marco expreso para buscar soluciones compartidas ni conjuntas» que sobrepase una relación basada en las inspecciones y sanciones, aseguró.

El ayuntamiento, recordó Sanz, impuso dos sanciones recurridas de 30.000 euros cada una en 2015, y otra después por reincidencia, de un máximo de 600.000 euros, ante la que la plataforma presentó alegaciones, según recogió ayer Ep.

El concejal de Turismo, Agustí Colom, insistió en que el ayuntamiento no convocó a Airbnb porque «su compromiso no está al nivel de las otras plataformas, por lo que no reunía las condiciones para participar» en un encuentro junto a las otras plataformas, que sí trabajan para eliminar los pisos ilegales de sus plataformas. El hecho de que no haya sido convocada «perjudica su propia imagen y reputación», porque colabora a mantener pisos ilegales, comentó Colom.

Diferentes portales

Por su parte, el director general de Airbnb Marketing Sevices en España y Portugal, Arnaldo Muñoz, defendió que la empresa no acudió a la reunión porque «es una plataforma diferente al resto de las presentes en la ciudad», ya que las participantes son proveedoras de alojamiento profesional, mientras que Airbnb pide respetar la posibilidad de compartir la propia vivienda.

Airbnb aseguró que retomaron las conversaciones después de anunciar en febrero que cada anfitrión podría publicar un solo anuncio en Ciutat Vella, algo que el gobierno de Ada Colau calificó de tomadura de pelo. Airbnb exige reglas claras y un marco legal que permita a los ciudadanos compartir su primera residencia.