¿Y si concretamos eso de la tercera vía?

Uno de los argumentos recurrentes de quienes defienden una tercera vía para solucionar el (mal) llamado «problema catalán» consiste en señalar que algo habrá que ofrecer a los miles de catalanes que, sin ser independentistas de pura cepa identitaria, se han subido al carro soberanista, de modo que recuperen el seny del catalanismo histórico, que (dicen) nunca fue rupturista. Así, si desde el Estado se propusiera un sistema de financiación mejorado, y se aceptara un blindaje de competencias -especialmente las que tienen que ver con la lengua y la cultura, aunque no sólo- podría esperarse que ese sector de la sociedad al que «Madrid» y sobre todo el PP han convertido en separatistas volviera a aceptar seguir compartiendo estructuras jurídico-políticas con el resto de los españoles.

Sinceramente, confieso que me parece algo ilusorio. En el fondo de esta propuesta late bien un complejo de inferioridad ante el nacionalismo, bien una intuición de que, en el fondo, las consignas lanzadas por el agit prop del procés son verdaderas. Y es que no acierto a entender cómo va a parar un proceso rupturista una propuesta política que parte de reconocer que, en efecto, Espanya ens roba, o que hay un ataque a la identidad catalana ya que las Cortes han tenido las desfachatez de legislar que en las escuelas se pueda impartir hasta tres horas semanales en castellano... Si España nos roba, no me parece realista pedirle a alguien que se apunte a que nos robe pero poquito.

Dicho esto, estoy de acuerdo que algo habrá que proponer a esos catalanes neoindependentistas. Quizá sea deformación profesional, pero me parece que un paso previo a cualquier reforma de nuestro marco político pasa por tratar a nuestros compatriotas como seres racionales, capaces de seguir argumentos y no sólo eslóganes de 140 caracteres. Por ello, para centrar el debate, deberíamos exigir concreción tanto en los diagnósticos como en las propuestas.

De entrada, ese pasa por prescindir de expresiones tópicas que no conducen a ningún lado: ni encaje de Cataluña en España, ni reformas para que el Principado esté cómodo en el Estado, ni nada por el estilo.

A mi modo de ver, la calidad del debate aumenta cuando se habla de cosas tangibles: qué nivel territorial puede ejercer mejor cada competencia, y cómo financiamos a los poderes públicos encargados de ello. Y aquí la experiencia de los últimos 35 años es útil, tanto para ver qué ha funcionado como para ver qué es preciso cambiar. Por poner un par de ejemplos: si en general los Ayuntamientos han gestionado razonablemente bien determinados servicios sociales, tenemos argumentos de peso para concluir que en esos servicios es importante la cercanía al ciudadano; si dejar el urbanismo en manos de los Ayuntamientos parece que ha contribuido al incremento de la corrupción y al retorno del caciquismo, parece que cuando menos podemos discutir que la cercanía a los ciudadanos sea siempre, sin más, algo ventajoso para los asuntos públicos. También podríamos sacar conclusiones del hecho de que sólo instancias estatales (Fiscalía, Guardia Civil, Policía Nacional) han destapado casos de corrupción.

Si descendemos a lo concreto nos encontraremos que lo que debemos proponer a esa parte de la sociedad catalana no es muy distinto de lo que hay que proponer a los cientos de miles de españoles que, ante el bochornoso espectáculo en que se ha convertido nuestra vida pública, dudan de la solvencia de nuestro proyecto de vida en común, apuntándose a populismos de diverso signo.

En cualquier caso, se trata de reiniciar una conversación nacional sobre cómo queremos afrontar el futuro. Estoy convencido de que de esa conversación no sólo saldrán mejoras de nuestro marco jurídico-político, sino que al mismo tiempo servirá para revitalizar el deseo de un futuro compartido.

Pablo Nuevo, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Abat Oliba CEU.