JpS y la CUP firmarán en las próximas horas el desafío secesionista al Estado de Derecho
El Parlament aprobará la «desconexión» y Puigdemont el decreto de convocatoria del 1-O
«Va a ser esta semana». «No es una semana cualquiera». Son palabras de Carles Puigdemont , presidente de la Generalitat de Cataluña, y Anna Gabriel , portavoz de la CUP en el Parlamento autonómico, respectivamente, insistiendo ayer en que Junts pel Sí (JpS) y los antisistema aprobarán en el pleno que empieza hoy, o en uno extraordinario, este viernes, la ley que autorizará al gobierno catalán aprobar el decreto de convocatoria del referéndum de secesión para el próximo 1 de octubre, señalado como ilegal por el Tribunal Constitucional (TC).
Una vez confirmado «el acuerdo» de los dos grupos que promueven el desafío al Estado de Derecho y al ordenamiento constitucional, para que entre hoy y el viernes se dé el primer paso efectivo normativo para convocar la consulta, queda por saber cómo lo harán. Hay dos opciones. Una, mediante un cambio en el orden del día del pleno que empieza hoy. La segunda, aprobando la norma en el pleno extraordinario propuesto por JpS y la CUP y que hoy tiene que decidir si acepta la Mesa del Parlamento autonómico.
Hasta ayer mismo, la opción más plausible para aprobar la norma era la que apuntaba a un cambio en el orden del día del pleno ( artículo 81.3 del reglamento parlamentario ). A propuesta de dos grupos, el pleno -por mayoría simple- puede aprobar un cambio en el orden del día. Después, en caso de introducir que se vote una nueva ley, tiene que ser la Mesa quien admita a trámite esta petición.
Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), en su dictamen 7/2017, de 6 de julio, señaló claramente que este tipo de modificaciones «tiene unos límites» que se han de respetar a la hora de alegar un cambio en el orden del día. ¿Qué límites? Los que corresponden a los derechos de los diputados, es decir, su capacidad de debate, presentación de enmiendas y «las garantías de control, fijadas por el Estatuto», entre otras, las de poder acudir al propio CGE, que se encarga de dar su opinión (no vinculante) sobre la legalidad de las normas autonómicas. Así pues, esta vía no serviría legalmente para aprobar leyes de la importancia que plantean JpS y la CUP. Pero, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, sigue siendo la primera línea de actuación para los grupos independentistas, dejando para el viernes la normativa derivada de las llamadas «leyes de desconexión», como por ejemplo la regulación a lo relativo al régimen electoral.
El viernes, extraordinario
También podría darse que en el pleno extraordinario del viernes se concentrara la aprobación de todo el marco legal sobre el que Puigdemont firmaría el decreto de convocatoria.
Según consta en la solicitud de JpS y la CUP , el pleno extraordinario sería para tratar monográficamente un «debate general» sobre «la valoración de la acción política del gobierno actual y previsiones». Entre los temas propuestos para esta sesión del viernes, se proponen: « análisis y valoración política actual », «actuaciones del gobierno de la Generalitat a raíz de los últimos acontecimientos», «actuaciones previstas por el gobierno de la Generalitat en relación con el Estado español» y «actuaciones previstas por el gobierno de la Generalitat en relación con la comunidad internacional».
La estrategia de JpS y la CUP es clara: jugar lo máximo que puedan al despiste con el Gobierno -que desde hoy está preparado para actuar en cualquier momento- y el TC. Pero ya no hay tiempo para regatear más. La presidenta de la CUP, ayer, advirtió de que solo la Guardia Civil, si « les arranca del escaño », podría evitar que durante el pleno -que empieza hoy- dejaran de votar (y aprobar) las llamadas «leyes de desconexión». Por su parte, Puigdemont aseguró que todo el gobierno catalán está listo «para firmar» el decreto.
