Vientres de alquiler

En el Congreso celebrado este fin de semana el Partido Popular ha renunciado a tener una posición oficial sobre la denominada «maternidad subrogada» o vientres de alquiler. Ante la falta de consenso se ha optado por diferir la decisión, acordando abrir un debate sobre la conveniencia de la regulación de esta práctica, que consiste en que una mujer geste y dé a luz a un niño, por encargo de otros, para que de esta forma puedan ver satisfecho su deseo de paternidad.

De entrada, llama la atención que los partidarios de legalizar esta práctica aspiren con ello no sólo a resolver el problema de parejas con problemas de fertilidad, sino a presentar al PP como un partido «moderno», no demasiado de derechas y sensible a «lo social». Y es que la legalización de esta práctica implica extender el mercado y su lógica a todos los aspectos de la vida, incluyendo el origen mismo de la vida humana, articulando todas las relaciones humanas con el paradigma del contrato.

Ahora bien, desde hace más de cien años sabemos (y en ello reside en última instancia la justificación del Estado social) que la igual libertad jurídica, desconectada del conjunto de condiciones que hacen posible el libre ejercicio de la misma, enmascara el predominio del más fuerte, aquél que –sin necesidad de recurrir a amenazas mafiosas, como en El Padrino– puede hacer ofertas que el débil no está en condiciones de rechazar. Como han resaltado organizaciones de defensa de la mujer, la legalización de los vientres de alquiler conlleva dar reconocimiento jurídico a la explotación de mujeres en situación de necesidad, que pueden verse abocadas (como de hecho ya lo están siendo en países en vías de desarrollo) a vender a sus hijos para poder sobrevivir.

En este orden de cosas no deja de ser paradójico que ciertas ideologías modernas, tras negar la concepción clásica del ethos femenino caracterizado por la lógica del don y el cuidado desinteresado, argumenten en defensa de esta práctica que es posible construirla sobre la base de la entrega sin contraprestación del hijo gestado. De ahí que cuando se propone una regulación que excluya la retribución de la gestante sólo puede pensarse en una de estas alternativas: bien es una mera estrategia de propaganda y habrá retribución para la mujer (y por tanto más que de vientres de alquiler debería hablarse de la legalización de la venta de niños), o bien la mujer será compensada siendo debidamente alimentada durante el embarazo para dar a luz un hijo sano (y en ese caso estaríamos ante un caso de explotación de la extrema vulnerabilidad de quienes no tienen garantizada siquiera la alimentación).

En un Partido con vocación de Gobierno puede haber distintas sensibilidades. En una sociedad plural como la nuestra debe ser bienvenido el debate sobre cuáles son las exigencias de una justa convivencia social. Pero para construir una España mejor un punto de partida debería consistir en la renuncia a la venta de niños. De lo contrario, más que de España adelante deberíamos hablar de retorno a épocas en la que las personas podían ser compradas y vendidas.