El TSJC reprende a la Generalitat por no respetar los derechos lingüísticos de los alumnos en la Selectividad
El Alto Tribunal catalán considera que en las pruebas de junio se vulneró la neutralidad y exige que en los exámenes de septiembre no se repartan las pruebas por defecto en catalán ni «se identifique a los alumnos por su opción lingüística»
Nuevo toque de atención de la Justicia a la Generalitat por el uso preferente del catalán en las pruebas de Selectividad. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el pasado 7 de junio -horas antes de empezar los exámenes de junio- dictó un auto de medidas cautelares para que los alumnos tuvieran acceso a los ejercicios en las tres lenguas oficiales (catalán, castellano y aranés), reprende ahora al Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) por vulnerar la neutralidad en la pasada convocatoria de junio y le requiere para que, en la que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre, respete los derechos lingüísticos de los alumnos.
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Este último auto, con fecha de 3 de septiembre de 2021, valora el informe emitido por el CIC el 14 de julio de 2021 sobre el cumplimiento del auto de 7 junio de la Sala -respondía a un recurso interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)- que suspendía las instrucciones dadas por el Consejo Interuniversitario sobre el funcionamiento de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) al considerar, tal como avanzó ABC en su edición del día 4 de junio, que podrían vulnerarse los derechos lingüísticos de los alumnos a recibir en igualdad de condiciones los exámenes.
«No puede complementar» la instrucción
El Tribunal advierte al Consejo de que las Instrucciones a los Tribunales de las PAU dando preferencia la entrega a los alumnos de los exámenes en catalán -anulaba la instrucción que especificaba que los ejercicios debían entregarse por defecto en catalán- quedaron suspendidas por lo que el Consejo Interuniversitario de Cataluña no puede «complementar» aquellas.
Por ese motivo, el auto del TSJC, consultado por ABC, requiere a la presidenta (la actual consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis) y al secretario general del Consejo Interuniversitario para que dicten unas nuevas instrucciones a los presidentes de los tribunales, en relación con las PAU de la convocatoria de septiembre de 2021, para que «no se identifiquen a los alumnos , cualquiera que haya sido su opción lingüística , ni anotar la elegida, así como ofrecer los profesores vigilantes, vocales o presidentes los enunciados en cualquiera de las lenguas cooficiales de Cataluña, sin preferencia por ninguna de ellas , pues ésta corresponde a los alumnos para el mejor desenvolvimiento de sus ejercicios, conforme a lo señalado el último párrafodel Fundamento Jurídico Segundo».
«En la práctica, eso conlleva que los profesores vigilantes, vocales o presidentes de los tribunales no podrán repartir en las materias no lingüísticas primero los exámenes en catalán y preguntar a los alumnos si lo quieren en castellano, sino que deberán entregar un único ejemplar con los idiomas oficiales o bien en el momento del reparto entregar al alumno el ejemplar en la lengua de su elección para lo que deberán ofrecerles los ejercicios en las lenguas oficiales», precisa la AEB en un comunicado.
Cambios con respecto a junio
El cambio es significativo respecto al modelo que se utilizó en el mes de junio en el que, según denuncia la AEB, «los vocales de los tribunales al comienzo de las pruebas entregaron el examen en catalán a los alumnos y el cumplimiento de auto se limitó a adherir en las entradas a las aulas de examen unos carteles informando del derecho que tenían los alumnos a disponer del ejemplar en cualquiera de las lenguas oficiales, pero tenían que solicitarlo expresamente en castellano si lo querían en este idioma».
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña a lo largo del proceso ha venido denunciando las irregularidades llevadas a cabo por el Consejo en la aplicación de las medidas cautelares. Por lo tanto, «celebra que el Tribunal no haya dejado margen a ninguna duda: a los alumnos se les deben ofrecer los exámenes en las dos lenguas oficiales y les corresponde elegir a ellos, no a los presidentes ni a los vocales de los tribunales de las PAU».
En esta línea de seguimiento de las pruebas, la AEB estará muy atenta sobre el grado de cumplimiento de este nuevo auto del TSJC y, en caso de que se vulneren los derechos lingüísticos de los alumnos en la convocatoria de septiembre, reclamará las responsabilidades oportunas.
La Generalitat no se pronuncia
Por su parte la consejería de Universidades ha anunciado que no se pronunciará al respecto . Fuentes del departamento han avanzado a ABC que se limitarán a cumplir los requisitos que ordena la Justicia.
En el mismo orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por auto de 2 de septiembre ha desestimado la pretensión del CIC de expulsar del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales a la AEB por falta de legitimación activa . Según el Tribunal, en este procedimiento hay una apariencia de legitimación de la AEB dado que, entre sus fines estatutarios, figura el fomento e implantación en la enseñanza de las lenguas oficiales, y asegurar y garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en estas.
Asimismo, la Sala ha admitido la personación en los autos como codemandados de la Asociación Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer y de las Universidades de Barcelona, Girona y Politècnica de Catalunya. Según aclara la AEB, la entidad «no se ha opuesto a su personación en los autos. Sin embargo, no puede dejar de poner de manifiesto el estrecho ligamen existente de los rectores de esas Universidades con la defensa de una Universidad monolingüe en catalán y el vínculo de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer con la Administración catalana con quien tiene firmado un convenio de financiación. Esta asociación, según sus Estatutos, pretende conseguir que el catalán sea la lengua común, de cohesión social y de interrelación entre todas las personas del ámbito lingüístico catalán».
El Tribunal, finalmente, ha admitido que el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales está correctamente planteado por la AEB a la que ha emplazado para que en el plazo de ocho días formalice la demanda. El plazo finaliza el día 16 de septiembre.
