El TSJC archiva la querella de Vox contra Aragonès por los avales del Govern ante el Tribunal de Cuentas
La Sala Penal inadmite la petición del partido de Ignacio Garriga, que reclamaba investigar el fondo de 10 millones que la Generalitat creó para cubrir las fianzas de ex altos cargos del 'procés'
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la querella que Vox presentó contra el presidente de la Generalitat , Pere Aragonès , la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà y el consejero de Economía, Jaume Giró, por la creación del fondo con 10 millones de euros para avalar ante el Tribunal de Cuentas a los 34 encausados por supuestos gastos irregulares en la acción exterior del Govern .
En la querella, el partido que en Cataluña lidera Ignacio Garriga indicó que los tres responsables últimos del fondo podrían haber cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos con la creación del decreto-ley. Según Vox, el traspaso del dinero público está «diseñado a medida de los implicados en los gastos irregulares del 'procés'» y «supone además de un 'fraude de ley', una posible malversación de fondos públicos, ya que se pretende indisimuladamente avalar directa o indirectamente, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat, las responsabilidades pecuniarias de una serie de cargos afines o directamente relacionados con el Govern».
Ahora la Sala Penal del TSJC inadmite y ordena archivar la querella al considerar que los hechos no son constitutivos de delito. En un auto, los magistrados señalan que, a la espera de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre el encaje del decreto-ley en la Carta Magna -tras el recurso presentado por 50 diputados de Vox-, el aval aprobado por el Govern «debe considerarse norma legal vinculante».
En cuanto a la acusación de malversación, el TSJC señala que en la normativa de la Generalitat para avalar a ex altos cargos -entre ellos, el ex presidente Artur Mas , y el ex vicepresidente Oriol Junqueras - «nada permite afirmar que posibilite sin más una administración desleal de fondos públicos», y alude al propio decreto del Govern que indica que el mecanismo de protección a los encausados solo tendrá vigencia hasta «que no haya un pronunciamiento judicial que declare con carácter firme su responsabilidad disciplinaria, contable o penal».
