Tres años de inhabilitación para un comadrón de Tarragona por una mala praxis que acabó en aborto

El Juzgado Penal número 1 de Tarragona ha condenado a un comadrón del hospital Joan XXIII a tres meses de inhabilitación especial y a una multa por un delito de aborto «por imprudencia grave profesional». El fallo, consultado por ABC, le impone, asimismo, el pago de una indemnización a la embarazada.

La asociación Defensor del Paciente , que ha llevado el caso, no ha querido detallar la cuantía de la multa y de la indemnización, siendo el responsable civil directo la aseguradora y el responsable civil subsidiario el Institut Català de la Salut (ICS) y su aseguradora.

Los hechos se remontan al día 20 de septiembre de 2009, cuando la mujer, embarazada de 41 semanas , ingresó en el hospital con indicios de una situación de parto. El condenado, que la asisitió, le dio el alta ginecológica, tras una exploración. El juez entiende que esa alta «no era procedente médicamente» al no ser adecuado el control que se le realizó. Acto seguido, el comadrón envió a la paciente a su casa. «Como se ha demostrado, esta alta puso en riego el estado de gestación», asegura el abogado del Defensor del Paciente, José Aznar.

Unas horas después de recibir el alta, la mujer ingresó otra vez en el centro hospitalario, donde se le practicó una cesárea urgente «por sospecha de sufrimiento fetal agudo» al no detectarse latidos cardíacos, extrayéndole el feto en parada cardiorrespiratoria.

Tras una larga tramitación judicial, uno de los acusados reconoció los hechos al inicio del juicio oral, siendo condenado a esta pena, pero se recurrió la sentencia en el apartado de la indemnización, «prolongando indebidamente el sufrimiento de los perjudicados durante casi ocho años», ha explicado el Defensor del Paciente, que ha añadido que posteriormente se retiró el recurso, por lo que la sentencia es firme .