Tenemos derecho a la seguridad

Aun cuando en su origen los derechos fundamentales fueran concebidos básicamente como protección frente a la acción del Estado, es decir prohibiciones de injerencia ante el riesgo de que las autoridades estatales manipulen y degraden a las personas, el fenómeno del terrorismo muestra que para proteger la libertad no basta con el reconocimiento de esferas de libertad a los ciudadanos. En este sentido, atentados como el del pasado fin de semana nos muestran que la libertad requiere de un espacio en el que poder ser disfrutada. De poco sirve la libertad si el miedo atenaza a los ciudadanos y no pueden ejercerla. De ahí que un sistema de derechos fundamentales incluya también un derecho a la protección estatal frente al terror.

Es cierto que la respuesta frente al terror está también limitada por derechos fundamentales; así, para garantizar la seguridad el Estado no puede recurrir a la tortura, la intervención masiva de comunicaciones, la práctica de detenciones arbitrarias, etc.

El equilibrio entre libertad y seguridad implica coordinar derechos fundamentales, tarea en la que el legislador debe ser especialmente cuidadoso, pues el Estado de Derecho puede perecer tanto por exceso de acción estatal como por defecto de ella. Que el poder deba ser limitado no quiere decir que tenga que ser débil e incapaz de responder a los retos que plantea el terrorismo islámico.

Esta tarea de coordinación se plasma en la ley, de manera que ahora que empieza la campaña electoral es conveniente preguntarse por la política de seguridad ante el terrorismo islámico que propugna cada partido. No se trata de decidir en caliente, ni de aprovechar la tragedia de Orlando para hacer partidismo. Pero es lícito que los ciudadanos nos preguntemos quién está más capacitado para hacer frente a esta amenaza.

Pablo Nuevo es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Abat Oliva.