Tendido eléctrico, trampa mortal
En España se notifican al año 33.000 aves electrocutadas, una cifra que los ecologistas aumentan a 200.000
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Hace dos semanas, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vic abría una investigación contra diversos directivos de Endesa por la electrocución de centenares de aves en cables y torretas de alta tensión en Cataluña. Según datos recogidos por los Agentes Rurales de la Generalitat, se han documentado hasta un total de 255 muertes de este tipo entre 2018 y 2020 solo en la comarca de Osona (Barcelona). Entre ellas podrían encontrarse especies protegidas en el Listado del Real Decreto 139/2011, como pueden ser el busardo ratonero, los azores o el búho real.
«Esos números no son reales, ya que solo se contabilizan las muertes que han sido denunciadas», explica Joan Aymerich, uno de los fundadores de GACO, una asociación dedicada a la divulgación y al estudio de las aves en la comarca catalana y que están detrás de la denuncia, junto a SEO/Birdlife contra Endesa. Aymerich relata que solo se denuncian las muertes que se ven, «no todas las que ocurren», ya que algunas tienen lugar en mitad de campos, lejos de las carreteras, y «esos cuerpos no los encuentra nadie».
Las electrocuciones afectan en mayor medida a las aves de más envergadura y se producen en el momento en que el animal toca con sus alas, al mismo tiempo, dos cables del tendido eléctrico, o un cable y la torre que lo sujeta, creando de esta manera un camino alternativo para que la corriente eléctrica pueda circular, lo que sucede fatalmente a través del cuerpo del pájaro. Por esta razón, una de las formas de solucionar este problema es el aislamiento del cable por su lado más cercano al poste.
Tal y como explica Aymerich, durante años se extendió el modelo de instalar púas en las torres para evitar que, de esta manera, las aves se posasen o edificaran sus nidos sobre las estructuras. «La solución no debe ser disuadir al animal, sino ofrecerle un entorno seguro», sentencia. La instalación de púas no hacía otra cosa que forzar el desplazamiento del ave a otra torreta, y en lugar de establecerse un ave por torre, lo hacían hasta cuatro o cinco debido a la reducción de espacio, pudiendo llegar a ser más catastróficos los resultados.
En agosto de 2018, SEO/Birdlife fue una de las primeras asociaciones en interponer una querella contra Endesa tras la muerte por electrocución de medio centenar de cigüeñas en migración a su paso por Sant Quirze de Besora (Barcelona). «Durante aquella migración murió más del 10% de la bandada. Fue un desastre ecológico», relata la delegada de la asociación en Cataluña, Cristina Sánchez.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, se notifican al año unas 33.000 aves fallecidas de esta manera en España, aunque SEO/Birdlife estima que el número real es de 200.000. En 2008, el Gobierno aprobó un decreto en el que se instaba a todas las eléctricas a corregir sus tendidos y evitar este tipo de muertes. Sánchez lamenta que, habiendo pasado trece años, no se haya avanzado «prácticamente nada» en esta problemática.
En el caso de Cataluña, «cada año, la Generalitat remite una lista con las torres eléctricas que deben ser adaptadas y arregladas. El pasado año fueron 350 puntos y la compañía arregló 659, casi el doble», relatan al diario ABC fuentes de Endesa. «En 2020, se destinaron 2,2 millones de euros a la reparación de estos puntos, en 2021 doblaremos la puesta con una partida de 4,6 millones», añaden.
De media, la reparación y adaptación de cada torre está cifrada en unos 3.000 euros . Un presupuesto que está sujeto a posibles modificaciones debido al terreno, la tipología de la infraestructura o la potencia eléctrica que transportan. «No es lo mismo tener que enviar a los técnicos hasta una torreta instalada en los Pirineos, que hacerlo a la Plana de Vic, la facilidad de acceso y los costes no son los mismos», añaden. En la actualidad, por territorio catalán discurren un total de 98.127 kilómetros de líneas eléctricas de Endesa, de las cuales, 52.681 lo hacen de forma aérea.
Sentencia pionera
En este sentido, la Generalitat abrió el pasado año 141 expedientes sancionadores a diferentes compañías eléctricas, más del 90% a Endesa, tras el incumplimiento de un Real Decreto estatal que obliga a todo este tipo de sociedades a adaptar sus instalaciones. Según datos del gobierno catalán, después de haber recibido la subvención pública estipulada por ley, Endesa adaptó en 2019 al menos 89 de los tendidos que se encuentran localizados en zonas protegidas (ZEPA) de la comunidad autónoma.
La primera sentencia firme contra una empresa eléctrica por hechos de esta naturaleza en España se remonta a marzo de 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estipuló una sanción de 100.001 euros a Iberdrola tras la muerte por electrocución de un águila imperial ibérica, especie en peligro de extinción, en La Herrera (Albacete). «Si la Justicia abre ahora otra una investigación, es porque tienen motivos para hacerlo. Se está sentando un precedente muy importante en el futuro del país», concluye Cristina Sánchez de SEO/Birdlife sobre el caso investigado en Vic.
