Propiedad vs. vivienda

Ante la evidente problemática social suscitada con la vivienda desde la crisis financiera de 2008, los populismos, tanto ideológicos como identitarios, han intentado no solo contraponer el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda sino legislar para que el derecho a la vivienda tenga supremacía sobre el derecho a la propiedad.

Este es el caso de los últimos decretos ley de vivienda de la Generalitat, que reconoce incluso derechos a la okupación ilegal de viviendas, derechos que no tienen aquellas 140.000 familias que esperan pacientemente en el registro de solicitantes de vivienda de protección social, al margen de los efectos perniciosos que genera al alimentar las mafias que aprovechan la ingenuidad social -o no- del populista venido a legislador.

Alguien podrá argumentar, incluso jurídicamente, que el derecho a la propiedad privada tiene un tratamiento en la Constitución superior al derecho a la vivienda digna. Puede ser un argumento, pero no nos sirve. De lo que se trata no es de contraponer un derecho a otro, ni de dar supremacía a uno sobre otro. Ambos derechos deben ser compatibles y es responsabilidad del legislador hacerlos compatibles.

La defensa de la propiedad no sólo es compatible con el derecho a la vivienda digna, sino que es complementaria: muchos ciudadanos han elegido la propiedad para hacer efectivo su derecho a la vivienda; otros, que pueden no tener esa capacidad, deben tener el amparo de los poderes públicos para hacerlo efectivo, pero nunca a costa de los otros.

Si bien el derecho a la propiedad debe ser respetado en la actuación de las administraciones, el derecho a la vivienda digna goza de un mandato constitucional: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». Es, pues, la Generalitat la que debe tomar las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho. Y es precisamente cuando recurren a menospreciar otros derechos, cuando más en evidencia quedan por el fracaso de sus políticas de vivienda. Por estos motivos era imprescindible el recurso presentado al Tribunal Constitucional, casi tanto como cambiar de gobiernos.